Próximas Actividades Académicas Información Jurídica Biblioteca Jurídica Virtual
Navegador Jurídico Internacional Tienda Virtual Contacto
     Información Jurídica
Legislación Federal (Vigente al 5 de diciembre de 2014)
    CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    [Título]

    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    Texto Vigente

    Publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917

    (En vigor a partir de 1o. de mayo de 1917, con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entraron en vigor)

    (Nota de Editor: En la presente versión de la Constitución cada párrafo contiene la fecha de la última modificación. Los párrafos o artículos que no tienen indicada alguna reforma, adición o derogación, son textos que no han sido modificados desde la publicación de la Constitución del 5 de febrero de 1917)

    Aprobada por el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917.

    Promulgada el 5 de febrero de 1917.

    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

    El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

    VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:

    Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:

    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE febrero DE 1857.

    Título Primero
    Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías (Capítulo cambio de denominación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 1]

    Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 2]

    Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    [Artículo 3]

    Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012)

    La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993)

    II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993)

    Además:

    a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993)

    b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993. Se adecuan los incisos en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013)

    c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. Se adecuan los incisos en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013)

    d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993)

    V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012)

    VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2002)

    a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993)

    b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 1993)

    VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    [Artículo 4]

    Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011)

    Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1983)

    Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012)

    Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012)

    Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983. N. de E. La publicación del decreto dice que es reforma)

    Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014)

    En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011)

    Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011)

    El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril de 2000. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2000)

    Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009)

    Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011)

    [Artículo 5]

    Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    La Ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990)

    El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    [Artículo 6]

    Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
    (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007. Reubicado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, convirtiéndose en Apartado A)

    I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007)

    III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007)

    IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007)

    VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007)

    VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013) (DR)IJ

    [Artículo 7]

    Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
    (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
    (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    [Artículo 8]

    Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

    A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

    [Artículo 9]

    Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

    No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

    [Artículo 10]

    Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
    (Reformado en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1971)

    [Artículo 11]

    Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
    (Reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
    (Adicionado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 12]

    Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.

    [Artículo 13]

    Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986) (DR)IJ

    [Artículo 14]

    Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

    Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005)

    En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

    [Artículo 15]

    Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
    (Reformado en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 16]

    Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
    (Reformado en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009)

    No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2009)

    La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

    Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

    Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

    En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

    La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

    Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

    Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

    En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

    Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

    Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

    Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

    Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

    La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

    La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

    En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

    [Artículo 17]

    Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

    Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

    El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2008)

    Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

    Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

    Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

    La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

    Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    [Artículo 18]

    Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

    El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

    La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

    La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

    Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

    Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

    Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

    Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    [Artículo 19]

    Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

    El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011)

    La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

    El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

    Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

    Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

    Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    [Artículo 20]

    Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

    A. De los principios generales:

    I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

    II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

    III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

    IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

    V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

    VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

    VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

    VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

    IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

    X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

    B. De los derechos de toda persona imputada:

    I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

    II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

    III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

    La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

    IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

    V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

    En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

    VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

    El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

    VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

    VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

    IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

    La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

    En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

    C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

    I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

    II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

    Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

    III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

    IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

    La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

    V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
    (Reformado el primer párrafo mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 14 de julio de 2011)

    El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

    VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

    VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) (DR)IJ

    [Artículo 21]

    Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

    El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

    La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

    Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

    Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

    Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

    El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

    El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

    La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

    Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

    a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

    b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

    c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

    d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

    e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    [Artículo 22]

    Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

    No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

    I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

    II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

    a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

    b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

    c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

    d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

    III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    [Artículo 23]

    Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

    [Artículo 24]

    Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2013)

    El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    [Artículo 25]

    Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2013)

    El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1983)

    El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    [Artículo 26]

    Artículo 26.

    A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 5 de junio de 2013)

    Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 5 de junio de 2013)

    En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

    La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

    El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

    La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

    Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

    C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

    El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

    El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
    (Apartado adicionado, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: El apartado consta de 4 párrafos.)
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006)

    [Artículo 27]

    Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 1975. Nota de Editor: La publicación del Decreto establece que es adición)

    La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976)

    La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    VIII. Se declaran nulas:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934)

    X. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XI. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XII. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XIII. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XIV. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XVI. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992)

    XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011) (DR)IJ

    [Artículo 28(En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
    (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1993. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1993)

    El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
    (Adicionado con sus fracciones mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

    III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

    IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

    V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;

    VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

    VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

    VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;

    IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;

    X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;

    XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

    XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:
    (Adicionado con sus fracciones mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

    II. Ser mayor de treinta y cinco años;

    III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

    IV. Poseer título profesional;

    V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

    VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

    VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

    VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    [Artículo 28(No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
    (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1993. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1993)

    El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013)

    No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
    (Adicionado con sus fracciones mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

    III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

    IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

    V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;

    VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

    VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

    VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;

    IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;

    X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;

    XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

    XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:
    (Adicionado con sus fracciones mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

    II. Ser mayor de treinta y cinco años;

    III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

    IV. Poseer título profesional;

    V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

    VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

    VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: Entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.
    (Adicionada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.
    (Adicionado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    [Artículo 29(En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    ( N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 29(No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: Entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Título Primero
    Capítulo II De los Mexicanos

    [Artículo 30]

    Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    A). Son mexicanos por nacimiento:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    B). Son mexicanos por naturalización:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    [Artículo 31]

    Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012)

    II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    [Artículo 32]

    Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

    El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

    En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997) (DR)IJ

    Título Primero
    Capítulo III De los Extranjeros

    [Artículo 33]

    Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

    Título Primero
    Capítulo IV De los Ciudadanos Mexicanos

    [Artículo 34]

    Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    I. Haber cumplido 18 años, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969)

    II. Tener un modo honesto de vivir.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1969)

    [Artículo 35]

    Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    I. Votar en las elecciones populares;

    II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

    VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:
    (Adicionada con sus incisos mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

    a) El Presidente de la República;

    b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

    c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

    Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

    2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

    3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

    4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

    6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

    [Artículo 36]

    Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

    I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril de 1990)

    La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril de 1990)

    II. Alistarse en la Guardia Nacional;

    III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

    [Artículo 37]

    Artículo 37.

    A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    C) La ciudadanía mexicana se pierde:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013)

    III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.

    El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013)

    IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013)

    V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997)

    VI. En los demás casos que fijan las leyes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    [Artículo 38]

    Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

    I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

    II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

    III. Durante la extinción de una pena corporal;

    IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

    V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

    La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

    Título Segundo
    Capítulo I De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

    [Artículo 39]

    Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. (DR)IJ

    [Artículo 40]

    Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 20012)

    [Artículo 41]

    Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

    La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

    I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

    Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

    El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

    a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

    b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

    c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

    La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

    III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

    c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

    e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

    g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

    Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

    Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

    b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

    c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

    Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

    La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

    V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

    Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

    El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

    Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

    El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

    El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

    a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución;

    b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;

    c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;

    d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;

    e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

    De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

    El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

    El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

    El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

    La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.

    Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

    Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

    a) Para los procesos electorales federales y locales:

    1. La capacitación electoral;

    2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;

    3. El padrón y la lista de electores;

    4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

    5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

    6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y

    7. Las demás que determine la ley.

    b) Para los procesos electorales federales:

    1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

    2. La preparación de la jornada electoral;

    3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

    4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

    5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;

    6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y

    7. Las demás que determine la ley.

    El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.

    La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

    En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.

    Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

    1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

    2. Educación cívica;

    3. Preparación de la jornada electoral;

    4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

    5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

    6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

    7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;

    8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;

    9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

    10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

    11. Las que determine la ley.

    En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

    a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

    b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o

    c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

    Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.

    Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.
    (Reformada la base, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: La base V está integrada por 4 Apartados y de conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto de reforma, en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

    En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

    La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Julio de 2014)

    c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    Título Segundo
    Capítulo II De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

    [Artículo 42]

    Artículo 42. El territorio nacional comprende:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    I. El de las partes integrantes de la Federación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional y las marítimas interiores, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    [Artículo 43]

    Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2011)

    [Artículo 44]

    Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    [Artículo 45]

    Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974)

    [Artículo 46]

    Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

    De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012) (DR)IJ

    [Artículo 47]

    Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 48]

    Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960)

    Título Tercero
    Capítulo 1 De la División de Poderes

    [Artículo 49]

    Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1951)

    Título Tercero
    Capítulo II Del Poder Legislativo

    [Artículo 50]

    Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

    Título Tercero
    Capítulo II Del Poder Legislativo
    Sección I De la Elección e Instalación del Congreso

    [Artículo 51]

    Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 52]

    Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1986)

    [Artículo 53]

    Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977)

    Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de éstas circunscripciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1986) (DR)IJ

    [Artículo 54]

    Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de septiembre de 1993)

    I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril de 1990)

    II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    [Artículo 55]

    Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

    I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972)

    III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007)

    No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007)

    Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007)

    VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933)

    VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933)

    [Artículo 56]

    Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

    Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

    La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    [Artículo 57]

    Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.

    [Artículo 58]

    Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 1999)

    [Artículo 59 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato.

    Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933)

    [Artículo 59 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: La reforma será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018.) (DR)IJ

    [Artículo 60]

    Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de septiembre de 1993)

    Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    [Artículo 61]

    Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    [Artículo 62]

    Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.
    (Artículo modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 63]

    Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2003)

    Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

    Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla.

    Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1963. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 64]

    Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

    [Artículo 65 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma)

    Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 2004)

    En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril de 1986)

    En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril de 1986)

    [Artículo 65 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma.)

    Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma.)

    En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril de 1986)

    En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril de 1986) (DR)IJ

    [Artículo 66]

    Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de septiembre de 1993)

    Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de abril de 1986)

    [Artículo 67]

    Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923)

    [Artículo 68]

    Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si, conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.
    (Artículo modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 69(En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

    Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008)

    [Artículo 69 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

    Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma.)

    En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    [Artículo 70]

    Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".

    El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    Título Tercero
    Capítulo II Del Poder Legislativo
    Sección II De la Iniciativa y Formación de las Leyes

    [Artículo 71]

    Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

    I. Al Presidente de la República;

    II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    III. A las Legislaturas de los Estados; y

    IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012) (DR)IJ

    [Artículo 72]

    Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2011)

    A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

    B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2011)

    C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

    Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

    D. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

    F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

    G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

    H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

    I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

    J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923)

    Título Tercero
    Capítulo II Del Poder Legislativo
    Sección III De las Facultades del Congreso

    [Artículo 73]

    Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

    I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974)

    II. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974. Nota de Editor: La publicación del Decreto establece que es reforma)

    III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:

    1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

    2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    3o. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

    4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.

    5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.

    6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.

    7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los demás Estados.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005)

    V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007)

    XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966. Aclaración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1966. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1944. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

    2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

    4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1971. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
    (Reformada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1982)

    XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXI. Para expedir:

    a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

    b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

    c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

    Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

    En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013)

    XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013)

    XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República;
    (Nota de Editor: El decreto no lo menciona, pero fue reubicada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928. En el texto original era fracción XXIX. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    XXIX. Para establecer contribuciones:
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    1o. Sobre el comercio exterior;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    5o. Especiales sobre:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    a) Energía eléctrica;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    b) Producción y consumo de tabacos labrados;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    d) Cerillos y fósforos;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    e) Aguamiel y productos de su fermentación;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    f) Explotación forestal, y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    g) Producción y consumo de cerveza.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1949)

    Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1967. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 1976)

    XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006)

    XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2006)

    XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999)

    XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011)

    XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003)

    XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2004)

    XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004)

    XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2007)

    XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009)

    XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009)

    XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011)

    XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    XXIX-R.- Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013)

    XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942)

    [Artículo 74(En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo y Décimo Quinto Transitorios del Decreto de reforma.)

    Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

    I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    III. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004)

    Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004)

    No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

    La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

    La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

    La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    VII. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
    (Reubicada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928)

    [Artículo 74(No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo y Décimo Quinto Transitorios del Decreto de reforma.)

    Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

    I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;
    (Adicionada en su contenido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004)

    Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de Reforma.)

    No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

    La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

    La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

    La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;
    (Adicionada en su contenido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
    (Reubicada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928)

    [Artículo 75]

    Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

    En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    [Artículo 76 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

    I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

    Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007)

    II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

    VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    X. Autorizar mediante Decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005)

    XI. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012)

    XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)
    XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005)

    [Artículo 76 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

    I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

    Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007)

    II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: Entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio y lo referente a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del mismo Decreto de Reforma.)

    III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

    VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    X. Autorizar mediante Decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005)

    XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;
    (Adicionada en su contenido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.)

    XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005) (DR)IJ

    [Artículo 77]

    Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

    I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2003)

    Título Tercero
    Capítulo II Del Poder Legislativo
    Sección IV De la Comisión Permanente

    [Artículo 78]

    Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2011)

    IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    V. Derogada
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N.E. de IIJ: Entra en vigor la derogación en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto.)

    VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y
    (Reformada mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    Título Tercero
    Capítulo II Del Poder Legislativo
    Sección V De la Fiscalización Superior de la Federación (Sección adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    [Artículo 79]

    Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

    También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

    Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

    Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

    Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

    Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

    El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

    La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

    En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

    La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

    La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999)

    Título Tercero
    Capítulo III Del Poder Ejecutivo

    [Artículo 80]

    Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".

    [Artículo 81]

    Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

    [Artículo 82 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 1994)

    II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1993. Nota de Editor: Adiciona la segunda parte del párrafo.)

    IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 1943. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, gobernador de algún Estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007)

    VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    [Artículo 82 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 1994)

    II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1993. Nota de Editor: Adiciona la segunda parte del párrafo.)

    IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927)

    V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 1943. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, gobernador de algún estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927) (DR)IJ

    [Artículo 83 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    [Artículo 83 (No vigente. Con la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto.)

    [Artículo 84 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado, ni al Procurador General de la República, sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    [Artículo 84 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio CONGRESO la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    [Artículo 85]

    Artículo 85. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso, en los términos del artículo anterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, conforme al artículo anterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933)

    [Artículo 86]

    Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

    [Artículo 87]

    Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012) (DR)IJ

    [Artículo 88]

    Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008)

    [Artículo 89 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1o. de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

    I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1944. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004)

    VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923. Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 1974. Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XVII. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: La fracción se adicionó en su contenido)

    XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
    (Reformada y reubicada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928)

    [Artículo 89 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual entrará en vigor a partir del 1o. de diciembre de 2018, de conformidad al Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de reforma.)

    Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

    I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. E. de IIJ: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto)

    En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. E. de IIJ: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto)

    III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1944. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004)

    VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1923. Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 1974. Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

    El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.
    (Adicionada en su contenido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. E. de IIJ: Entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto)

    XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: La fracción se adicionó en su contenido)

    XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
    (Reformada y reubicada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928)

    [Artículo 90 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

    Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    [Artículo 90 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

    Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    [Artículo 91]

    Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

    [Artículo 92]

    Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007) (DR)IJ

    [Artículo 93 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008)

    Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008)

    El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008)

    [Artículo 93]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014) N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.

    Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 1977)

    Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008)

    El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008)

    Título Tercero
    Capítulo IV Del Poder Judicial

    [Artículo 94]

    Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
    (Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)

    Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.
    (Adicionado mediante Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.
    (Adicionado mediante Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.
    (Reformado mediante Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por retiro.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    [Artículo 95 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

    V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 95 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

    VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007)

    Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 96]

    Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

    En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 97]

    Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Ministro: "Si protesto"
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande".
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999) (DR)IJ

    [Artículo 98]

    Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    [Artículo 99]

    Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

    Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

    La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

    Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

    I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

    II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

    Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

    La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

    III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

    IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

    V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

    VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

    VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    X. Las demás que señale la ley.

    Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

    Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

    La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

    La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

    La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

    Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

    Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

    Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

    En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

    El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    [Artículo 100]

    Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999)

    [Artículo 101]

    Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 102 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 102.

    A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todas los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 102 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 102.

    A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

    Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

    El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

    I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.

    Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.

    II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

    III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

    En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.

    Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

    IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

    V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General.

    VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.

    Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

    La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

    La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

    El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

    El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
    (Reformado el apartado A, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: El apartado consta de VI fracciones, y en relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    [Artículo 103]

    Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

    I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

    II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

    III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011) (DR)IJ

    [Artículo 104]

    Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

    I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

    II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

    Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;

    III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

    IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

    V. De aquellas en que la Federación fuese parte;

    VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

    VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

    VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    [Artículo 105 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012)

    a). La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    b). La Federación y un municipio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    c). El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    d). Un Estado y otro;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    e). Un Estado y el Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    f). El Distrito Federal y un municipio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    g). Dos municipios de diversos Estados;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    h). Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    i). Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    j). Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    k). Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    a). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    b). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    c). El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    d). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    e). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    f). Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro, y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    g). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 105(No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012)

    a). La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    b). La Federación y un municipio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    c). El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    d). Un Estado y otro;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    e). Un Estado y el Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    f). El Distrito Federal y un municipio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    g). Dos municipios de diversos Estados;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    h). Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    i). Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    j). Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    k). Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    a). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    b). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    d). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    e). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    g). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

    h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 106]

    Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    [Artículo 107 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

    Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

    Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

    Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

    Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

    En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

    Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

    En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967)

    a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

    La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

    Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

    Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967)

    c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951)

    IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

    No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

    Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

    Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

    Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

    Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XIV. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

    Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

    No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XVIII. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, se república su abrogación el 6 de junio de 2011)

    [Artículo 107 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con el Fiscal General de la República entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

    Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

    Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

    Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

    Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

    En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

    Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

    En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967)

    a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

    La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

    Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

    Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967)

    c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951)

    IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

    No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 1979)

    La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987)

    IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

    Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

    Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XIV. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

    Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

    No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011)

    XVIII. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, se república su abrogación el 6 de junio de 2011)

    Título Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado (Título cambio de denominación mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002)

    [Artículo 108]

    Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
    Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 junio 2014)

    Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982) (DR)IJ

    [Artículo 109]

    Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

    No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

    II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

    III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

    Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

    Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

    Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    [Artículo 110]

    Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente, además, en relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    [Artículo 111]

    Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente, además, en relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    [Artículo 112]

    Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

    Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    [Artículo 113]

    Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002)

    [Artículo 114]

    Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

    La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

    La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Título Quinto De los Estados de la Federación y del Distrito Federal (Título cambio de denominación mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    [Artículo 115]

    Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto Transitorio.)

    Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    b) Alumbrado público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    d) Mercados y centrales de abasto.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    e) Panteones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    f) Rastro.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)

    IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983)

    VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999)

    VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    IX. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    X. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987) (DR)IJ

    [Artículo 116]

    Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Nunca podrán ser electos para el período inmediato:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008)

    Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008)

    II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el Artículo Décimo Tercero Transitorios del Decreto.)

    Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

    1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

    2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

    3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

    4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

    5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

    6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

    7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.
    (Reformado el inciso mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: El inciso consta de Primer párrafo y siete numerales. Y De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N de E. IIJ: De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio en relación a la denominación del Instituto Nacional Electoral, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo, por lo cual la denominación de Instituto Federal Electoral seguirá vigente.)

    e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013)

    f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013)

    V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987)

    VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    [Artículo 117]

    Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

    I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Derogada.
    (Derogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966)

    III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981)

    Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942. El decreto dice que es reforma)

    El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1942. Nota de Editor: La publicación del decreto establece que es reforma.)

    [Artículo 118]

    Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

    I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 119 (En vigor. Sin la reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo no contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993)

    Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993)

    [Artículo 119 (No vigente. Con reforma del 10 febrero 2014)]

    (N. de E. IIJ: El presente Artículo contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, entrará en vigor con posterioridad de conformidad con el Artículo Décimo Sexto Transitorio, que a la letra dice “entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”)

    Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993)

    Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. N. de E. IIJ: En relación al Fiscal General de la República entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto.)

    Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993)

    [Artículo 120]

    Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

    [Artículo 121]

    Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

    I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él;
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

    Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio;
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986) (DR)IJ

    [Artículo 122]

    Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    A. Corresponde al Congreso de la Unión:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    V. Las demás atribuciones que le señala ésta Constitución.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    III. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente se observaran los criterios que establece el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014)

    IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013)

    g) Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)

    o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996; reforma su denominación de inciso mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012)

    BASE SEGUNDA. Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno; y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    BASE TERCERA. Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    BASE CUARTA. Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común:
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    II. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo. Los miembros restantes serán: un Magistrado y dos jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del Pleno de Magistrados; uno designado por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados deberán gozar, además, con reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. Durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2010)

    El Consejo designará a los jueces del Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2010)

    III. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    IV. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas para la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    V. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    VI. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea Legislativa.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    A través de las comisiones se establecerán:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996)

    Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social

    [Artículo 123]

    Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1978)

    El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1978)

    A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 junio 2014)

    IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986)

    Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986)

    Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986)

    VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962)

    a). Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962)

    b). La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962)

    c). La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962)

    d). La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962)

    e). Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular, ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    f). El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962)

    X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972)

    Las negociaciones a que se refiere el párrafo 1o. de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972)

    Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.

    XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1938. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:
    (a). Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)
    (b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
    (c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.
    (d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.
    (e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.
    (f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa.
    (g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele de la obra.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)
    (h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores;
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios;
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados, y
    (Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    a) Ramas industriales y servicios.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1990)

    1. Textil;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    2. Eléctrica;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    3. Cinematográfica;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    4. Hulera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    5. Azucarera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    6. Minera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    8. De hidrocarburos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    9. Petroquímica;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    10. Cementera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    11. Calera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    14. De celulosa y papel;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    15. De aceites y grasas vegetales;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados, o que se destinen a ello;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    18. Ferrocarrilera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1978)

    20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    22. Servicios de banca y crédito.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1990)

    b) Empresas:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, y
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978)

    B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974)

    I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la República;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 1961. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960. Modificada por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    b). En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    c). Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974)

    d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    e). Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    f). Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1972)

    Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos;
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1972. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994)

    XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
    (Reformado toda la fracción mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

    Reformado toda la fracción mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

    Reformado toda la fracción mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

    Reformado toda la fracción mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008)

    XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado.
    (Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1993)

    XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
    (Adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960)

    Título Séptimo Prevenciones Generales

    [Artículo 124]

    Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

    [Artículo 125]

    Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

    [Artículo 126]

    Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

    [Artículo 127]

    Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

    Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

    I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

    II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

    III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

    IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

    V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

    VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009)

    [Artículo 128]

    Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. (DR)IJ

    [Artículo 129]

    Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

    [Artículo 130]

    Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

    Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

    a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

    b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;

    c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;

    d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.

    e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

    Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

    La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

    Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

    Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

    Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.
    (Artículo reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    [Artículo 131]

    Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974)

    El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1951. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 132]

    Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquieran dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.

    [Artículo 133]

    Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934)

    [Artículo 134]

    Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 2008)

    Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982)

    Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007)

    Título Octavo De las Reformas a la Constitución

    [Artículo 135]

    Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966) (DR)IJ

    Título Noveno De la Inviolabilidad de la Constitución

    [Artículo 136]

    Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.
    (Artículo modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    Transitorios

    [Artículo 1]

    Artículo 1. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.

    En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la fracción V del artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador estar en servicio activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria respectiva.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 2]

    Artículo 2. El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal manera que el Congreso quede constituido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior.

    [Artículo 3]

    Artículo 3. El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. de diciembre de 1916.

    [Artículo 4]

    Artículo 4. Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos años.

    [Artículo 5]

    Artículo 5. El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo, para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el primero de junio.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer período de dos años que establece el artículo 94.

    [Artículo 6]

    Artículo 6. El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesiones que comenzará el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión de su cargo antes del 1o. de julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. (DR)IJ

    [Artículo 7]

    Artículo 7. Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la computación de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales correspondientes.

    [Artículo 8]

    Artículo 8. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los amparos que estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 9]

    Artículo 9. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar los Poderes de la Unión.

    [Artículo 10]

    Artículo 10. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión contra el legítimo de la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 11]

    Artículo 11. Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes se pondrán en vigor en toda la República.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 12]

    Artículo 12. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y viudas de éstos, y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o a la Instrucción Pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán.

    [Artículo 13]

    Artículo 13. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o intermediarios. (DR)IJ

    [Artículo 14]

    Artículo 14. Queda suprimida la Secretaría de Justicia.
    (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de julio de 1921)

    [Artículo 15]

    Artículo 15. Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista.

    [Artículo 16]

    Artículo 16. El Congreso Constitucional en el período ordinario de sus sesiones, que comenzará el 1o. de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas en el período extraordinario a que se refiere el artículo 6o. transitorio, y dará preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo 111 de esta Constitución.
    (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986)

    [Artículo 17]

    Artículo 17. Los Templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica.
    (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992)

    [Artículo 18]

    Artículo 18. Derogado.
    (Artículo derogado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990)

    [Artículo 19]

    Artículo 19. Derogado.
    (Artículo derogado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990)

    Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete. Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco. Primer Vice-Presidente: Gral. de División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz. Segundo Vice-Presidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca. Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes. Diputado por el Territorio de la Baja California: Ignacio Roel. Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, José Ma. Rodríguez, Jorge E. Von Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González (Suplente). Diputado por el Edo. de Colima: Francisco Ramírez Villarreal. Diputados por el Edo. de Chiapas: Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel A. Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal. Diputado por el Edo. de Chihuahua: Manuel M. Prieto. Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. Pesqueira, Lauro López Guerra, Gerzayn Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, Rafael L. de los Ríos, Arnulfo Silva, Antonio Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco Espinosa (Suplente). Diputados por el Edo. de Durango: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio Gutiérrez, Dr. Fernando Gómez Palacio, Alberto Terrones B., Jesús de la Torre. Diputados por el Edo. de Guanajuato: Gral. Lic. Ramón Frausto, Ing. Vicente M. Valtierra, José N. Macías, David Peñaflor, José Villaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez, Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos Ramírez Llaca. Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez, Fidel Guillén, Francisco Figueroa. Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Lic. Alberto M. González, Rafael Vega Sánchez, Alfonso Cravioto, Matías Rodríguez, Ismael Pintado Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, Alfonso Mayorga. Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Gaspar Bolaños B., Juan de Dios Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral. Amado Aguirre, José I. Solórzano, Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José Manzano, Joaquín Aguirre Berlanga, Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez, Crnl. Sebastián Allende, Jr. Diputados por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno, Enrique O Fárril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. Hernández, Enrique A. Enríquez, Donato Bravo Izquierdo, Rubén Martí. Diputados por el Edo. de Michoacán: José P. Ruíz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto Alvarado, José Álvarez, Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. Múgica, Jesús Romero Flores. Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alcázar, José L. Gómez. Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis Ilizaliturri, Crnl. Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda (Suplente). Diputados por el Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio Sosa, Lic. Celestino Pérez Jr., Crisóforo Rivera Cabrera, Crnl. José F. Gómez, Mayor Luis Espinosa. Diputados por el Edo. de Puebla: Dr. Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael P. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel Rojana, Lic. David Pastrana Jaimes, Froylán C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor José Rivera, Crnl. Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico Dinorín, Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, José Verástegui. Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía. Diputados por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez Mendoza, Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente). Diputados por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido Avilés, Emiliano C. García. Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross. Diputados por el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes. Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la Híjar, Emiliano Próspero Nafarrete. Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, Mayor Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara. Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo. Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles, Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. Pereyra. Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria A. Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel Castañón, Andrés L. Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar. Secretario: Fernando Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato. Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. de Coahuila. Secretario: José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro. Secretario: Antonio Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán. Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por el Edo. de Guanajuato. Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango. Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora. Prosecretario: Flavio A. Bórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.
    (Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de febrero de 1917)

    Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República para su debido cumplimiento.

    Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917. V. CARRANZA. Rúbrica.

    Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación. México.

    Lo que hónrame en comunicar a usted para su publicación y demás efectos.

    Constitución y Reformas. México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete. AGUIRRE BERLANGA.

    Al Ciudadano […]

    Transitorios de Reformas

    [8 julio 1921]

    Decreto reformando el artículo 14 transitorio y la fracción XXVII del artículo 73 de la Constitución. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 julio 1921.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal en México, a los treinta días de junio de mil novecientos veintiuno.- A. Obregón.- P. Elías Calles, Rúbrica.- Al C. Gral. Plutarco Elías Calles, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Presente.

    Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

    México, a 30 de junio de 1921.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. P. Elías Calles,- Rúbricas. (DR)IJ

    [24 noviembre 1923]

    Decreto que reforma varios artículos de la Constitución Política de la República, en lo relativo a sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Congreso de la Unión. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 noviembre 1923.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    Dado en Celaya, Gto., a quince del mes de noviembre de mil novecientos veintitrés.- A. Obregón.- El Secretario de Estado y Despacho, de Gobernación, Enrique Colugna, Rúbrica.- Al C. Lic. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Presente.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.

    Sufragio Efectivo. No reelección.

    México, 21 de noviembre de 1923.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colugna, Rúbrica.

    [22 enero 1927]

    Decreto por el cual se reforman los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 enero 1927.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México,. a los quince días del mes de enero de mil novecientos veintisiete.- P. Elías Calles, Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Presente.

    Y lo comunico a usted para su publicación y demás efectos.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, a 15 de enero de 1927.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. A. Tejeda.

    [24 enero 1928]

    Decreto por el cual se reforma el artículo 83 de la Constitución General. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 enero 1928.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos veintisiete.- P. Elías Calles.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. A. Tejeda.- Rúbrica.- Al C. Ing. Adalberto Tejeda Secretario de Estado y Despacho de Gobernación.- Presente.

    Lo comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No reelección.

    México, enero 13 de 1928.- Secretario de Estado y Despacho de Gobernación. A. Tejeda.

    [20 agosto 1928_1er. Decreto]

    Ley que reforma los artículos 73, 74, 76, 79, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100 y 111 de la Construcción Política de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 agosto 1928. (Primer decreto)

    Artículo 1. Se reforma los artículos 73, 74, 76, 79, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100 y 111 de la Construcción Política de la República, en los siguientes términos.

    ...

    Transitorios

    Artículo 1. Las reformas constitucionales a que se contrae la presente ley, entrarán en vigor el día 20 de diciembre del presente año.

    Artículo 2. Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedarán sujetos a la ratificación de sus nombramientos por el Presidente de la República, con aprobación del Senado.

    Los actuales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios, quedarán sujetos a la ratificación de sus nombramientos por el Presidente de la República, con aprobación de la Cámara de Diputados. En caso de que esta ratificación no se llevare a efecto, cesarán en sus puestos tan pronto como sean designados los nuevos Ministros y Magistrados.

    Artículo 3. Los actuales Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito quedarán sujetos a la ratificación de sus nombramientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidirá si los ratifica dentro del término de sesenta días a contar de la fecha en que la misma Suprema Corte quede integrada, de acuerdo con el presente Decreto. En caso de que esta ratificación no se llevare a efecto, cesarán en sus puestos tan pronto como sean designados los nuevos Magistrados y Jueces.

    Artículo 4. Los actuales Jueces del Orden Común del Distrito Federal y de los Territorios, quedarán sujetos a la ratificación de sus nombramientos por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que decidirá si los ratifica dentro del término de sesenta días a contar de la fecha en que el mismo Tribunal Superior de Justicia quede integrado, de acuerdo con el presente Decreto. En caso de que esta ratificación no se llevare a efecto, cesarán en sus puestos tan pronto como sean designados los nuevos Jueces.-

    […]

    Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

    Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos veintiocho.- P. Elías Calles.- Rúbrica.- El Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho, G. Vázquez Vela.- Rúbrica.- Al C. Lic. Gonzalo Vázquez Vela, Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho.- Presente.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, 17 de agosto de 1928.- El Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho, G. Vázquez Vela.- Rúbrica.

    Al C….

    [20 agosto 1928_2° Decreto]

    Ley que Reforma el artículo 52 y el Párrafo Cuarto de la Fracción III del Artículo 115 a la Constitución Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 agosto 1928. (Segundo decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Primero. La reforma del artículo 52 constitucional entrará en vigor al verificarse las elecciones para integrar la Cámara de Diputados del XXXIV Congreso de la Unión, en el año de 1930.

    Segundo. La división territorial que servirá de base para la elección de los diputados a la XXXIV Legislatura de la Unión, se hará con sujeción al presente Decreto.

    Tercero. Las reformas al párrafo cuarto de la fracción III del artículo 115 constitucional, surtirán sus efectos en las elecciones de diputados a las Legislaturas de los Estados, en las fechas en que, de conformidad con sus Constituciones Políticas locales y leyes electorales respectivas, se verifiquen, a partir de la promulgación de la presente ley.

    […]

    Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

    Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos veintiocho.- P. Elías Calles.- Rúbricas.- El Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho, G. Vázquez Vela.- Rúbrica.- Al C. Lic. Gonzalo Vázquez Vela, Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho.- Presente.

    Lo que comunico a usted, para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, agosto 17 de 1928.- El Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho, G. Vázquez Vela.- Rúbrica.

    Al C….

    [20 agosto 1928_3° Decreto]

    Ley que reforma las bases 1a., 2a. y 3a. de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 agosto 1928. (Tercer decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. Esta ley entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos veintinueve.- El Presidente de la H. Cámara de Diputados, J. G. de Anda.- El Presidente de la H. Cámara de Senadores, Higinio Álvarez.- Secretario, Francisco J. Silva.- Secretario, José Maqueo Castellanos, S. S.

    […]

    Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

    Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos veintiocho.- P. Elías Calles.- Rúbricas.- El Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho, G. Vázquez Vela.- Rúbrica.- Al C. Gonzalo Vázquez Vela, Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho.- Presente.

    Lo que comunico a usted, para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, agosto 17 de 1928.- El Oficial Mayor de Gobernación, Encargado del Despacho, G. Vázquez Vela.- Rúbrica.

    Al C.....

    [6 septiembre 1929]

    Ley por la cual se reforman los artículos 73 y 123 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 septiembre 1929.

    Artículo Único. Se declaran reformados los artículos 73 fracción X; el preámbulo y la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución, en los términos siguientes:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, D.F. a los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos veintinueve.- E. Portes Gil.- Rúbrica.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, F. Canales.- Rúbrica.- Al C. Subsecretario de Gobernación Encargado del Despacho. F. Canales.- Rúbrica.- Al C. Subsecretario de Gobernación Encargado del Despacho.- Presente.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No reelección.

    México, D.F. a 31 de agosto de 1929.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, F. Canales. (DR)IJ

    [7 febrero 1931]

    Decreto por el cual se modifican los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 febrero 1931.

    Artículo Único. Se declaran reformados los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F., a los Veintidós días del mes de enero de mil novecientos treinta y uno.- P. Ortiz Rubio.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Carlos Riva Palacio.- Rúbrica.

    Lo comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No reelección.

    México, D.F. a 30 de enero de 1931.- El Secretario de Gobernación, Carlos Riva Palacio.- Rúbrica.

    [19 diciembre 1931]

    Decreto que modifica los artículos 43 y 45 de la Constitución General de la República, suprimiendo el Territorio de Quintana Roo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre 1931.

    Artículo Único. Se reforma el artículo 43 y se adiciona el 45 de la Constitución General de la República, en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    Dado en el Castillo de Chapultepec, D.F. a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y uno. P. Ortiz Rubio.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Manuel C. Téllez.

    Lo que comunico a Usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No reelección.

    México, D.F. a 17 de diciembre de 1931.- El Secretario de Gobernación, Manuel C. Téllez.

    Al C…

    [27 abril 1933]

    Decreto que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución General de la República, facultando al Congreso para expedir las leyes del trabajo Reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1933.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Artículo Único. Esta Ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el “Diario Oficial.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución General de la República y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos treinta y tres.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F. a 22 de abril de 1933.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C….

    [29 abril 1933]

    Decreto que reforma varios artículos de la Constitución General de la República (Elección de Poderes Federales). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Artículo Único. En las próximas elecciones ordinarias de Poderes Federales, se elegirán Senadores de número par por un periodo de seis años; en el año de 1936 deberán verificarse elecciones extraordinarias de Senadores de número impar, para un periodo de cuatro años, y en el año de 1940 se verificarán elecciones ordinarias de la totalidad de los miembros del Senado de la República.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos treinta y tres.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 22 de abril de 1933.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C….

    [4 noviembre 1933]

    Decreto que reforma la fracción IX del artículo 123 constitucional. (Salario mínimo). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 noviembre 1933.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción de I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dieciocho días del mes de octubre de mil novecientos treinta y tres.- A.L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Trabajo, Juan de Dios Bojorquez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No reelección.

    México. D.F. a 3 de noviembre de 1933.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C…

    [10 enero 1934]

    Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 enero 1934.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. Se abroga la Ley de 6 enero de 1915, sus reformas y demás disposiciones legales que se opongan a la vigencia de la presente reforma.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y tres.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 9 de enero de 1934.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C....

    [18 enero 1934_1er. Decreto]

    Decreto que reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 enero 1934. (Primer decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F. a los diez días del mes de enero de mil novecientos treinta y cuatro.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.- Al C. Secretario de Gobernación.- Presente.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 17 de enero de 1934.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C.... (DR)IJ

    [18 enero 1934_2° Decreto]

    Decreto que reforma los artículos 30, 37, 73, fracción XVI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 enero 1934. (Segundo decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F. a los diez días del mes de enero de mil novecientos treinta y cuatro.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.- Al C. Secretario de Gobernación.- Presente.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 17 de enero de 1934.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C....

    [18 enero 1934_3er. Decreto]

    Decreto que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Facultades del Congreso), no contiene disposiciones Transitorias. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 enero 1934. (Tercer decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F. a los diez días del mes de enero de mil novecientos treinta y cuatro.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.- Al C. Secretario de Gobernación.- Presente.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 17 de enero de 1934.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C....

    [18 enero 1934_4to. Decreto]

    Decreto que reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 enero 1934. (Cuarto decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Artículo Único. Los recursos de súplica que actualmente se encuentran en tramitación, habrán de seguirse y de sentenciarse de acuerdo con la legislación vigente cuando se promovieron.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los diez días del mes de enero de mil novecientos treinta y cuatro.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 17 de enero de 1934.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C....

    [3 marzo 1934]

    Aclaración a la publicación del decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 marzo 1934.

    (Nota de Editor: La presente aclaración no contiene disposiciones transitorias)

    [22 marzo 1934]

    Decreto que adiciona el artículo 45 de la Constitución. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 marzo 1934.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. La parte continental que anteriormente pertenecía al Territorio de Quintana Roo y que ha quedado anexada a los Estados de Yucatán y Campeche, queda libre de cualquier adeudo que pudiera existir a favor del comercio y empleados públicos que prestaron sus servicios en dicho Territorio hasta el 31 de diciembre de 1931, en que se anexó a los Estados de Yucatán y Campeche, pues la Federación liquidará y pagará dichos adeudos, debiendo quedar en consecuencia, a favor de la Federación, los créditos que hasta la fecha de la entrega de dicho Territorio existían por concepto de impuestos y demás aprovechamientos del Erario. En igualdad de circunstancias quedarán las islas y cayos que en lo futuro pertenecerán a Yucatán y Campeche.

    Los bienes muebles e inmuebles que estuvieron al servicio de las autoridades civiles, tanto en la parte continental como en las islas anteriormente mencionadas, pasarán a ser respectivas propiedades de las entidades federativas mencionadas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los diez días del mes de enero de mil novecientos treinta y cuatro.- A. L. Rodríguez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 21 de marzo de 1934.- El Secretario de Gobernación, Eduardo Vasconcelos.- Rúbrica.

    Al C....

    [13 diciembre 1934]

    Decreto que reforma el artículo 3º y la fracción XXV del 73 constitucionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 diciembre 1934.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. Las presentes reformas constitucionales entrarán en vigor el día primero de diciembre del presente año.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México, D. F., a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro.- L. Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Educación Pública, Ignacio García Téllez.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 12 de diciembre de 1934.- El Secretario de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.

    Al C....

    [15 diciembre 1934_1er. Decreto]

    Decreto que reforma el último párrafo de la base 4ª de la fracción VI del artículo 73, el artículo 94 y las fracciones II y III del 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 diciembre 1934. (Primer decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Artículo Primero. La presente reforma entrará en vigor el día 15 de diciembre del año en curso.

    Artículo Segundo. Los ministros de la Suprema Corte de la Nación y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, actualmente en ejercicio, cesarán en sus encargos el día 31 de diciembre del año en curso.

    Artículo Tercero. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales que sean designados de acuerdo con la presente reforma, tomarán posesión el día 1° de enero del próximo año de 1935.

    Artículo Cuarto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación designará a los nuevos magistrados de Circuito y jueces de Distrito, dentro de los diez primeros días del mes de enero de 1935. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales designará a los nuevos jueces del fuero común del Distrito y Territorios Federales dentro del mismo plazo.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los once días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F, a 14 de diciembre de 1934.- El Secretario de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.

    Al C.... (DR)IJ

    [15 diciembre 1934_2º Decreto]

    Decreto que reforma el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 diciembre 1934. (Segundo decreto)

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Artículo 1. Se concede un plazo de seis meses a los agentes aduanales que en la actualidad funcionan sin tener la calidad de ciudadanos mexicanos por nacimiento para que hagan entrega de sus oficinas respectivas.

    Artículo 2. Este Decreto entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 14 de diciembre de 1934.- El Secretario de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.

    Al C....

    [16 enero 1935]

    Decreto que reforma los artículos 43 y 45 constitucionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 enero 1935.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Artículo 1. La presente reforma entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo 2. Los bienes inmuebles ubicados en la nueva entidad federativa, que pasaron a ser propiedad de los Estados de Yucatán y Campeche, con motivo del decreto de 24 de octubre de 1932, así como los que con posterioridad se hubieren destinado al servicio público, pertenecerán al Territorio de Quintana Roo; lo mismo se observará respecto de los bienes muebles que tengan igual destino, ya se encuentren dentro de los inmuebles de referencia o fuera de ellos.

    Artículo 3. La organización política y judicial del Territorio de Quintana Roo, se regirá transitoriamente, en tanto no se reformen las leyes en vigor, por las que le eran aplicables el 14 de diciembre de 1931, en todo lo que no pugnen con la Constitución Federal.

    Artículo 4. Las deudas pendientes hasta la fecha en que entre en vigor esta reforma, y que hubieren contraído los Estados de Yucatán y Campeche, con motivo de la administración del territorio anexado, quedarán a cargo de los Erarios respectivos y a su favor, igualmente, los créditos pendientes constituidos por el mismo objeto.

    Artículo 5. Los Estados de Yucatán y Campeche, una vez que entre en vigor esta reforma constitucional, harán entrega a las autoridades de la nueva entidad de los archivos y expedientes que obren en las Oficinas Administrativas y en los tribunales del lugar.- Donaciano Carreón, D. P.- David Ayala, S. P.- Salvador González, D. S.- Juan de Dios Bátiz, S. S.- Rúbricas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los once días del mes de enero de mil novecientos treinta y cinco.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, J. de D. Bojórquez.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 14 de enero de 1935.- El Secretario de Gobernación, J. de D. Bojórquez.- Rúbrica.

    Al C...

    [18 enero 1935]

    Decreto que reforma la fracción X del artículo 73 constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 enero 1935.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dos días del mes de enero de mil novecientos treinta y cinco.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, J. de D. Bojórquez.- Rúbrica.

    Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    México, D. F., a 7 de enero de 1935.- El Secretario de Gobernación, J. de D. Bojórquez.- Rúbrica.

    Al C...

    [6 diciembre 1937]

    Decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 diciembre 1937.

    Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos treinta y siete.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Silvestre Guerrero.- Rúbrica.

    [12 agosto 1938]

    Decreto que reforma el artículo 49 constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 agosto 1938.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos treinta y ocho.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Ignacio García Téllez.- Rúbrica.

    [31 diciembre 1938]

    Decreto que reforma la fracción XVIII del artículo 123 Constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 diciembre 1938.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y ocho.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Ignacio García Téllez.- Rúbrica.

    [11 septiembre 1940]

    Decreto que reforma los párrafos IV del artículo 97 y I del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 septiembre 1940.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma, ni disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Ignacio García Téllez.- Rúbrica. (DR)IJ

    [9 noviembre 1940]

    Decreto que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 noviembre 1940.

    Artículo Único. Se adiciona el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional, para quedar en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y nueve.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Ignacio García Téllez.- Rúbrica.

    [14 diciembre 1940_1er. Decreto]

    Decreto que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 diciembre 1940. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 73 Constitucional, para quedar en los términos siguientes: …

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [14 diciembre 1940_2º Decreto]

    Decreto que reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 diciembre 1940. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se adiciona la base segunda de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la siguiente forma: …

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.- Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [24 octubre 1942]

    Decreto que modifica los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la federación el 24 de octubre de 1942.

    Artículo Único. Se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    Transitorio

    Único. La presente Ley entrará en vigor el día 1º del mes siguiente al en que sea publicada en el “Diario Oficial de la Federación.

    Manuel Gudiño, D. P.- Gabriel Leyva Velásquez, S. P.- Emilio Gutiérrez Roldán, D. S.- Fernando Magro Soto, S. S.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los trece días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [17 noviembre 1942]

    Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 5º constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 noviembre 1942.

    Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 5º. Constitucional, en los términos que siguen:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los trece días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [18 noviembre 1942]

    Decreto que reforma el artículo 73, en su fracción X, y adiciona el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 noviembre 1942.

    Artículo Único. Se reforma la facción X del artículo 73 y se adiciona con la fracción XXXI el artículo 123 de la Constitución General de la república, preceptos que quedarán concebidos en los siguientes Términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [30 diciembre 1942]

    Transitorio del Decreto por el cual se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1942.

    Artículo Único. Se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    Transitorio

    Artículo Único. La presente ley entrará en vigor quince días después de la fecha en que se publique en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los diez días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica. (DR)IJ

    [8 enero 1943]

    Decreto que reforma las fracciones V y VI del artículo 82 y el párrafo tercero de la fracción III del 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 enero 1943.

    Artículo Primero. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que siguen:

    Artículo Segundo. Se reforma el párrafo tercero de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que siguen:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Fernando Casas Alemán.- Rúbrica.

    [10 febrero 1944]

    Decreto que modifica los artículos 32, 73, fracción XIV; 76, fracción II, y 89, fracciones IV, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 febrero 1944.

    Artículo Único. Se modifican los artículos 32 en su segundo párrafo; 73, en su fracción XIV; 76, en su fracción II, y 89, en sus fracciones IV, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar en los términos siguientes:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [21 septiembre 1944]

    Decreto que reforma los artículos 73, fracción VI, base 4a; 94 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1944.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Artículo Primero. Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor esta reforma constitucional, el C. Presidente de la República hará, en los términos de la misma reforma, el nombramiento de los Ministros y Magistrados que deberán integrar la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales.

    Artículo Segundo. La Suprema Corte y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales harán, respectivamente, las designaciones de los funcionarios inamovibles a que se refiere esta ley, dentro del término de treinta días, que se contarán a partir de la fecha en que tales cuerpos judiciales queden constituidos con arreglo al artículo anterior.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [21 abril 1945]

    Decreto que reforma el párrafo V del artículo 27 Constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 abril 1945.

    Artículo Único. Se reforma el párrafo 5º. Del artículo 27 Constitucional, en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los quince días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y cinco.- Manuel Ávila Camacho.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.- Rúbrica.

    [30 diciembre 1946_1er. Decreto]

    Decreto por el cual se reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 diciembre 1946. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorio

    Artículo Único. Esta Ley entrará en vigor diez días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Héctor Pérez Martínez.- Rúbrica.

    [30 diciembre 1946_2° Decreto]

    Decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 diciembre 1946. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Héctor Pérez Martínez.- Rúbrica.- Es Secretario de Estado y del Despacho de Educación Pública.- Manuel Gual Vidal.- Rúbrica.

    [30 diciembre 1946_3er. Decreto]

    Decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 73 y adiciona la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946. (Tercer decreto)

    Artículo 1. Se reforma la Fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo 2. Se adiciona la fracción VIII del artículo 117 constitucional, con el siguiente párrafo:

    Transitorio

    Único. Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Héctor Pérez Martínez.- Rúbrica. (DR)IJ

    [12 febrero 1947_1er. Decreto]

    Decreto que reforma las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario el 12 febrero 1947. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforman las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 constitucional, para quedar en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Héctor Pérez Martínez.- Rúbrica.

    [12 febrero 1947_2º Decreto]

    Decreto que adiciona el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 febrero 1947. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se adiciona el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Héctor Pérez Martínez.- Rúbrica.

    [29 diciembre 1947]

    Decreto que adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 diciembre 1947.

    Artículo Único. Se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.- Miguel Alemán Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Héctor Pérez Martínez.- Rúbrica.

    [2 diciembre 1948_1er. Decreto]

    Decreto que declara reformada y adicionada la fracción I del artículo 20 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 diciembre 1948. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 20 Constitucional, para quedar en los siguientes términos:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los veintidós días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.

    [2 diciembre 1948_2° Decreto]

    Decreto que declara adicionada la fracción I del artículo 27 de la Constitución de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 diciembre 1948 (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se adiciona la fracción I del artículo 27 de la Constitución General de la República, en los términos siguientes:

    Transitorio

    Artículo Único. La presente adición a la fracción I del artículo 27 de la Constitución General de la República entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet.- Rúbrica.

    [10 febrero 1949]

    Decreto que adiciona la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1949.

    Artículo Único. Se adiciona la Fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la siguiente forma:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y nueve.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.

    [19 febrero 1951]

    Decreto que reforma los artículos 73 fracción VI, base cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 febrero 1951.

    Artículo Único. Se reforman los artículos 73, fracción VI, base cuarta, párrafo último, 94, 97 párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución General de la República, en los siguientes términos:

    Transitorios

    Artículo Primero. Las reformas a los artículos 94, 97 párrafo primero, 98 y 107, entrarán en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, dentro de esos noventa días, deberá procederse al nombramiento de los Ministros Supernumerarios, de los nuevos Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y de todos los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito y de los Jueces de Distrito, con arreglo a las disposiciones que establece la Constitución y estas reformas.

    Artículo Segundo. Cuando estas designaciones recaigan en Magistrados o Jueces del Poder Judicial de la Federación, que lleven actualmente más de cuatro años ininterrumpidos en el desempeño de su encargo, ya sea que se les reelija o que sean promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos, cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111, ó previo el juicio de responsabilidad correspondiente.

    Artículo Tercero. Los magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, actualmente en ejercicio, cesarán en su encargo, salvo que sean reelectos, el mismo día en que tomen posesión de sus puestos, los funcionarios judiciales designados de acuerdo con las disposiciones de la Constitución.

    Artículo Cuarto. Los Ministros Supernumerarios a que se refiere el artículo 94, constituidos temporalmente en Sala Auxiliar resolverán en el plazo que les fije el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el acervo de amparos civiles directos, cualesquiera que sean las violaciones alegadas, excepción hecha de los promovidos dentro de los tres meses anteriores a la fecha en que entren en vigor las presentes reformas o de los en que ya exista proyecto de resolución del Ministro relator correspondiente. Entretanto, aquellos Ministros no desempeñarán las funciones que como Supernumerarios les atribuyen estas reformas y las que les encomienden la Ley de Amparo o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, no obstante lo dispuesto en el artículo 94 deberá integrar el Pleno en el caso del párrafo final de la fracción XIII del artículo 107 sólo cuando la contradicción haya surgido entre tesis sustentadas por la Sala Auxiliar y por alguna de las otras cuatro.

    Los amparos en revisión, penales, civiles, administrativos o del trabajo, que actualmente radican en la Suprema Corte de Justicia y que conforme a estas reformas sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, pasarán al conocimiento del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda.

    Artículo Quinto. Las Salas correspondientes de la Suprema Corte de Justicia resolverán los amparos directos, penales o del trabajo, por violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, que se hayan promovido con anterioridad a la fecha en que entren en vigor las presentes reformas y que, en lo sucesivo, de acuerdo con la fracción VI del artículo 107, serán de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.

    Artículo Sexto. Queda facultada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dictar todas las otras medidas transitorias que sean necesarias, para la efectividad e inmediato cumplimiento de las presentes reformas.

    Artículo Séptimo. La reforma al artículo 73, fracción VI, Base Cuarta, párrafo último, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Octavo. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales y los jueces del fuero común del mismo Distrito y Territorios Federales, actualmente en el ejercicio, cesarán en su encargo, salvo que sean reelectos, el mismo día en que tomen posesión de sus puestos, los funcionarios judiciales designados de acuerdo con las disposiciones de la Constitución.

    Artículo Noveno. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales designará, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hayan tomado posesión de sus cargos los Magistrados que lo componen, a los jueces del fuero común del Distrito y Territorios Federales.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortínes.- Rúbrica. (DR)IJ

    [14 marzo 1951]

    Fe de erratas al decreto que reforma los artículos 73 fracción IV, base cuarta, párrafo último; 94, 97 párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución Federal de la República, publicado en el número correspondiente al día 19 de febrero próximo pasado. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 marzo 1951.

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [28 marzo 1951]

    Decreto que adiciona el artículo 131 y reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 marzo 1951

    Artículo Único. Se adiciona el artículo 131 y se reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    … Transitorio

    Artículo Único. La adición al artículo 131 de la Constitución General de la República, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adolfo Ruíz Cortines.- Rúbrica.- El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Encargado del Despacho, Rafael Mancera Ortiz.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Antonio Martínez Báez.- Rúbrica.

    [11 junio 1951]

    Decreto que reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 junio 1951.

    Artículo Único. Se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    Transitorio

    La presente ley entrará en vigor quince días después de la fecha en que se publique en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.

    [16 enero 1952]

    Decreto que reforma los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 enero 1952.

    Artículo Único. Se reforman los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos :

    Transitorios

    Artículo Primero. El Estado de Baja California tiene la extensión y límites que tenía el Territorio de Baja California Norte, y

    Artículo Segundo. La presente reforma entrará en vigor el día de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Ernesto P. Uruchurtu.- Rúbrica.

    [17 octubre 1953]

    Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 octubre 1953.

    Artículo 1. Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo 2. Se reforma la fracción I del artículo 115 de la Constitución, para quedar en los términos siguientes:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, á los trece días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.-Adolfo Ruíz Cortines.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Ángel Carvajal.- Rúbrica.

    [20 enero 1960]

    Decreto que reforma los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, fracción I del artículo 27 y los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 enero 1960.

    Artículo Único. Se reforman los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, fracción I del artículo 27 y los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorio

    Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de enero de mil novecientos sesenta.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello.- Rúbrica.

    [5 diciembre 1960]

    Decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 diciembre 1960.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Artículo Primero. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de la publicación de esta ley en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. Entretanto se expida la respectiva ley reglamentaria, continuará en vigor el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión en cuanto no se oponga a la presente.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos sesenta.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Salomón González Blanco.- Rúbrica. (DR)IJ

    [20 diciembre 1960]

    Decreto que reforma el artículo 52 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 diciembre 1960.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. El presente decreto entrará en vigor quince días después de la fecha en que se publique en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.

    [29 diciembre 1960]

    Decreto que declara adicionado el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 diciembre 1960.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorios

    Primero. Esta adición entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. La ley reglamentaria fijará las normas a que deben sujetarse las concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano.- Rúbrica.

    [7 enero 1961]

    Fe de erratas al Decreto que declara adicionado el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 29 de diciembre último. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 enero 1961.

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [27 noviembre 1961]

    Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción IV del inciso B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 noviembre 1961.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. Esta reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y uno.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Salomón González Blanco.- Rúbrica.

    [2 noviembre 1962]

    Decreto por el que se adiciona con un párrafo final la fracción II del artículo 107 Constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 noviembre 1962.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Único. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y dos.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.

    [21 noviembre 1962]

    Decreto que reforma el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 noviembre 1962.

    Artículo Único. Se reforman las fracciones II, III, VI, IX, XXI, XXII y XXXI inciso "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorio

    Artículo Único. Esta ley principiará a regir el día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Salomón González Blanco.- Rúbrica.

    [22 junio 1963]

    Decreto de Reformas y Adiciones a los artículos 54 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 junio 1963.

    Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente párrafo:

    Transitorio

    Artículo Único Transitorio. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor cinco días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de junio de mil novecientos sesenta y tres.- Adolfo López Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica. (DR)IJ

    [23 febrero 1965]

    Decreto que reforma y adiciona el artículo 18 Constitucional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 febrero 1965.

    Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorio

    Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor cinco días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría.- Rúbrica

    [13 enero 1966]

    Decreto que declara adicionada la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 enero 1966.

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    Transitorio. La presente adición entrará en vigor a partir de los cinco días de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 21 de diciembre de 1965.- Manuel Origel Salazar, D. P.- Lic. Arturo Moguel Esponda, S. V. P.- Rodolfo Velázquez Grijalva, D. S.- Lic. Diódoro Rivera Uribe, S. S.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y seis.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría.- Rúbrica.

    [21 octubre 1966_1er. Decreto]

    Decreto que reforma que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 octubre 1966. (Primer decreto)

    Artículo Primero. Se reforma la fracción XIII del artículo 13 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: …

    Artículo Segundo. Se derogan las fracciones IX del artículo 89 y II del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Transitorio

    Único. Las presentes reformas entrarán en vigor tres días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Miguel Covián Pérez, D. P.- Lic. Rafael Murillo Vidal, S. P.- Everardo Gómez Fernández, D. S.- Dr. Luciano Huerta Sánchez, S. S.- Rúbricas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y seis.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría.- Rúbrica.

    [21 octubre 1966_2° Decreto]

    Decreto que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 octubre 1966. (Segundo decreto)

    Artículo Primero: Se reforma la fracción III del artículo 79 de la Constitución General de la República para quedar como sigue: …

    Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 79 de la Constitución General de la República con una fracción VII del tenor siguiente:

    Artículo Tercero. Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XVI, para quedar como sigue:

    Artículo Quinto. Se adiciona el párrafo último del artículo 135 de la Constitución General de la República para quedar en la forma siguiente:

    Transitorio

    Único. Las presentes reformas entrarán en vigor tres días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Miguel Covián Pérez, D. P.- Lic. Rafael Murillo Vidal, S. P.- Everardo Gómix Fernández, D. S.- Dr. Luciano Huerta Sánchez, S. S.- Rúbricas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y seis.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría.- Rúbrica.

    [22 octubre 1962]

    Aclaración al decreto que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución General de la República, y el que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada Constitución General de la República, publicados el día 21 de octubre de 1962. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 octubre 1962.

    (Nota de Editor: La aclaración no contiene disposiciones transitorias)

    [24 octubre 1967]

    Decreto que declara adicionado el Artículo 73 de la Constitución General de la República. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 octubre 1967. (Nota de Editor: El presente decreto no contiene artículo de instrucción de reforma)

    Transitorio

    El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 30 de septiembre de 1966.- José Ricardi Tirado, S. P.- Luz María Zaleta de Elsner, D. P.- Dra. Alicia Arellano Tapia, S. S.- Juan Moisés Calleja, D. S.- Rúbricas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y seis.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría.- Rúbrica.

    [25 octubre 1967]

    Decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 98, 100, 102, 104 fracción I, 105 y 107 fracciones II párrafo final, III, IV, V, VI, VIII, XIII y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 octubre 1967.

    Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 94, 98, 100, 102, 104 fracción I, 105 y 107 fracciones II párrafo final, III, IV, V, VI, VII, XIII y XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo 1. Estas reformas entrarán en vigor el mismo día que entren en vigor las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que habrán de expedirse como consecuencia de estas mismas reformas.

    Artículo 2. Los ministros supernumerarios se constituirán en Sala Auxiliar para resolver los amparos contra leyes, que integran el rezago. La Sala Auxiliar dictará sentencia con sujeción a la jurisprudencia del Pleno y estudiará también cuando procedan los conceptos de violación que se refieran a cuestiones de legalidad. Estos asuntos se le turnarán desde luego si sobre su materia existe jurisprudencia, y los demás del rezago, a medida que la jurisprudencia del Pleno se vaya definiendo. Asimismo, resolverá sobre los asuntos que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le encomiende para desahogar el rezago que exista en las Salas de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Sala Auxiliar hubiere de participar en la resolución de conflictos jurisprudenciales con cualquiera de las otras Salas, los ministros supernumerarios que la integren formarán parte del Pleno. Entre tanto funcione la Sala Auxiliar, los ministros que la integren no desempeñarán las atribuciones que como supernumerarios les asigna la ley.

    Artículo 3. Los amparos contra sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, pendientes de resolución ante los Juzgados de Distrito, que en términos de estas reformas deben ser directos, se remitirán a los Tribunales Colegiados de Circuito y en su caso a la Suprema Corte de Justicia.

    Artículo 4. Los amparos directos o en revisión que en la actualidad radican en la Suprema Corte de Justicia y que, conforme a la ley, pasan a ser de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se enviarán desde luego, para su resolución, al que corresponda. Si existen dos o más tribunales en un mismo circuito, se les distribuirán proporcionalmente.

    Artículo 5. En los juicios de amparo a que se refiere la fracción V del artículo 107 y que, de acuerdo con las presentes reformas, deben ser turnados a la Suprema Corte de Justicia, ésta conocerá tanto de las violaciones procesales como del fondo del negocio.

    Artículo 6. En los casos en que, en los Juzgados de Distrito, se hubiera pronunciado el fallo de primera instancia y contra él se hubiera interpuesto en tiempo el recurso de revisión, la sentencia será revisable por el tribunal que tendría competencia para conocer el amparo directo, según las presente reformas.

    Artículo 7. En los asuntos en trámites ante los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia, en los que no se hubiera pronunciado resolución definitiva al entrar en vigor las presentes reformas, para decretar el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia, se requiere que transcurra un término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, sin que el quejoso o el recurrente, en su caso, haya hecho promoción o se haya registrado acto procesal alguno en los autos. Dicho término se contará a partir del día siguiente en el que entren en vigor estas reformas.

    Artículo 8. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar las medidas necesarias para la efectividad e inmediato cumplimiento de las presente reformas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos sesenta y siete.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría.- Rúbrica. (DR)IJ

    [22 diciembre 1969]

    Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 diciembre 1969.

    Artículo Único. Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 18 de diciembre de 1969.- Ing. Luis L. León, S. P.- Joaquín Gamboa Pascoe, D. P.- Lic. Arturo Mogel Esponda, S. S.- Ma. Guadalupe Calderón Calderón, D. S.- Rúbricas.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [26 diciembre 1969]

    Decreto que reforma la fracción II del inciso A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 diciembre 1969.

    Único. Se reforma la fracción II del inciso A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede como sigue:

    Transitorio

    Único. Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.- Gustavo Díaz Ordaz.- Rúbrica.- El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores.- Rúbrica.

    [6 julio 1971_1er. Decreto]

    Decreto por el que se reforma el artículo 74 y se adiciona el 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 julio 1971. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforma el artículo 74 y se adiciona el 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    (Nota de Editor: El presente decreto no contiene disposiciones transitorias)

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de junio de mil novecientos setenta y uno.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.-Rúbrica.

    [6 julio 1971_2° Decreto]

    Decreto por el que se adiciona la base 4a. de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 julio 1971. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se adiciona la base 4a. de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política cie los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    Transitorio

    Único. La presente reforma entrará en vigor cinco días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento por lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de junio de mil novecientos setenta y uno.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [22 octubre 1971]

    Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1971

    Artículo Único. Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. La presente reforma entrará en vigor el mismo día que entre en vigor la Ley Federal Reglamentaria a que la misma se refiere.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos setenta y uno.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [14 febrero 1972_1er. Decreto]

    Reformas y Adiciones a los artículos 52; 54 fracciones I, II y III; 55, fracción II; y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión declara que han sido aprobadas. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 febrero 1972. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 52, 54 fracciones I, II y III; 55, fracción II; y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Transitorio. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor cinco días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos setenta y dos.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [14 febrero 1972_2° Decreto]

    Reforma a la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión declara que ha sido aprobada. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 febrero 1972. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. La presente reforma entrará en vigor quince días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos setenta y dos.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margain.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Rafael Hernández Ochoa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica. (DR)IJ

    [10 noviembre 1972]

    Decreto por el que se reforma el inciso f) de la fracción XI y se adiciona con el párrafo segundo la fracción XIII, del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 noviembre 1972.

    Artículo Único. Se reforma el inciso f) de la fracción XI y se adiciona con el párrafo segundo la fracción XIII, del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. La presente reforma y adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y dos.- “Año de Juárez.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [31 enero 1974]

    Decreto que reforma y adiciona el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 enero 1974.

    Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de enero de mil novecientos setenta y cuatro.- Año de la República Federal y del Senado.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [20 marzo 1974]

    Decreto por el que se adiciona el Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 marzo 1974.

    Artículo Único. Se adiciona el artículo 107, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un párrafo, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.- “Año de la República Federal y del Senado.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [8 octubre 1974]

    Decreto por el que se reforman el Artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 octubre 1974.

    Artículo Primero. Se reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27 Fracciones VI párrafo I, XI-c); XII, párrafo I y XVII-a); 45; 52; 55 Fracción III; 73 Fracciones I, II y VI-2a., 3a., 4a. párrafos I y IV y 5a., 74 Fracciones I y VI; 76 Fracción IV; 79 Fracciones II, V, VIII y IX; 82 Fracción VI; 89 Fracciones II, XIV y XVII; 104 Fracción I párrafos I y II; 107 Fracción VIII-f) párrafo II; 111 párrafos V y VI; 123 "B" y 131 párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. El Estado de Baja California Sur tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de la Baja California Sur.

    Artículo Segundo. El Estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Quintana Roo.

    Artículo Tercero. La Cámara de Senadores a propuesta en ternas del Ejecutivo Federal, nombrará un Gobernador Provisional en cada uno de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los Gobernadores Provisionales rendirán la protesta constitucional ante el propio Senado de la República y tomarán desde luego posesión de sus cargos, convocando a elecciones para integrar las legislaturas constituyentes locales, a más tardar el 12 de octubre de 1974.

    Artículo Cuarto. Las elecciones de diputados para integrar las legislaturas constituyentes, se celebrarán el 10 de noviembre de 1974.

    Artículo Quinto. Las legislaturas constituyentes de cada uno de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo se integrarán con siete diputados propietarios y sus respectivos suplentes.

    Para ser diputados constituyentes se requiere reunir los requisitos que señala el artículo 55 de la Constitución Federal.

    Artículo Sexto. Regirán el proceso electoral para la integración de las legislaturas constituyentes, la Constitución General de la República y la Ley Federal Electoral, en lo conducente.

    Artículo Séptimo. Se crean las comisiones estatales electorales de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, integradas por un presidente, que serán los secretarios generales de gobierno, un secretario y un vocal, designados por los Gobernadores Provisionales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se nombrará un suplente.

    Artículo Octavo. Se creará un comité distrital electoral en cada uno de los siete distritos electorales en que se dividan los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

    Los comités distritales electorales estarán integrados por un presidente, un secretario y un vocal designados por las comisiones estatales electorales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se designará un suplente.

    Artículo Noveno. Las comisiones estatales electorales, en su primera sesión, harán la división de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, en siete distritos electorales y elaborarán el calendario de plazos a que se sujetará el proceso comicial.

    Artículo Décimo. Podrán registrar fórmulas de candidatos par participar en las elecciones de las legislaturas constituyentes, los partidos políticos nacionales.

    Artículo Décimo Primero. En las elecciones de las legislaturas constituyentes se usarán las credenciales permanentes de elector expedidas por el registro Nacional de Electores para las elecciones federales. Las delegaciones del Registro Nacional de Electores colaborarán y auxiliarán, dentro de sus funciones, a las comisiones estatales y comités distritales electorales.

    Artículo Décimo Segundo. Los comités distritales electorales expedirán la constancia de mayoría a las fórmulas de candidatos que la hayan obtenido. Las comisiones estatales electorales resolverán sobre el registro o negativa de registro de las constancias de mayoría.

    Artículo Décimo Tercero. Los presuntos diputados constituyentes, sin necesidad de citación, se reunirán en el recinto que señalen las convocatorias, el 25 de noviembre y constituidos en juntas preparatorias, nombrarán de entre sus miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de votos, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

    En esta reunión, los presuntos diputados presentarán los documentos que los acrediten.

    Para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias, estudio y calificación de las elecciones e instalación de la legislatura constituyente, se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    Artículo Décimo Cuarto. Las comisiones estatales electorales enviarán a las juntas preparatorias los paquetes relativos a las elecciones de las legislaturas constituyentes y éstas procederán a calificar las elecciones de sus propios miembros. Sus resoluciones serán inapelables.

    Artículo Décimo Quinto. En tanto se expide la Constitución Política de cada uno de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, continuará vigente la legislación que ha regido en los Territorios, excepto en aquello que pugne con su soberanía. La Hacienda Pública de los Estados se integrará con los ingresos y egresos que determinan las leyes fiscales de los territorios.

    El Congreso de la Unión decretará las leyes de ingresos y la Cámara de Diputados los presupuestos de egresos para el año fiscal de 1975, los que regirán provisionalmente en tanto los órganos competentes de los Estados decretan sus propias normas.

    Artículo Décimo Sexto. Mientras se constituye el Poder Judicial de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo conforme a sus respectivas constituciones políticas, la administración de justicia estará a cargo de un Tribunal Superior de Justicia compuesto de tres magistrados y del número y categoría de los juzgados que funcionan actualmente. Los magistrados serán nombrados por los gobernadores provisionales, y los jueces por los Tribunales Superiores de Justicia.

    Los gobernadores provisionales nombrarán también al Procurador General de Justicia del Estado Respectivo y a los agentes del Ministerio Público.

    Artículo Décimo Séptimo. El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y del Patrimonio Nacional, determinará los bienes muebles e inmuebles cuyo dominio ceda a los Estados para formar parte del patrimonio de los mismos y, en su caso, de los Municipios.

    Artículo Décimo Octavo. Los gobernadores provisionales durarán en su encargo hasta el día en que conforme a la Constitución Política de cada uno de los Estados, deban tomar posesión los gobernadores constitucionales electos.

    Artículo Décimo Noveno. Los ciudadanos que funjan como gobernadores provisionales, no podrán ser electos gobernadores constitucionales. Tampoco podrán ser electos diputados para integrar las legislaturas constitucionales, los que funjan con el carácter de propietarios en las constituyentes, ni los suplentes que llegaren a ejercer las funciones de éstos.

    Artículo Vigésimo.- Con base en los presupuestos de egresos correspondientes, los gobernadores provisionales harán las transferencias de partidas necesarias para cubrir las erogaciones que, en el ejercicio de sus funciones, requieran los poderes estatales.

    Artículo Vigésimo Primero. Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar, por conducto de la Secretaría de Gobernación, las normas interpretativas y aclaratorias del presente decreto.

    Artículo Vigésimo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [31 diciembre 1974]

    Decreto que Reforma y Adiciona los Artículos 4o., 5o., 3o y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Igualdad Jurídica de la Mujer. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 diciembre 1974.

    Artículo Primero. Se reforma y adicionan los artículos 4o. y 5o., de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se reforma el artículo 30. Apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Tercero. Se reforma el artículo 123, Apartado A, fracciones II, V, IX, XV, XXV, y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 123, Apartado B, fracciones VIII y XI inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 27 de diciembre de 1974.- "Año de la República Federal y del Senado".- Francisco Luna Kan, S. P.- Rúbrica.- Agustín Ruiz Soto, S. S.- Rúbrica.- José Octavio Ferrer Guzmán, D. S.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.- “Año de la República Federal y del Senado.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores.- Emilio O. Rabasa.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social.- Porfirio Muñoz Ledo.- Rúbrica.

    [6 febrero 1975_1er. Decreto]

    Declaratoria por la que se adiciona el párrafo sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 y se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 febrero 1975. (Primer decreto)

    Artículo Primero. Se adiciona el párrafo sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 4 de febrero de 1975.- Sen. Enrique Olivares Santana.- Presidente.- Sen. Juan Sabines Gutiérrez.- Secretario.- Dip. Humberto Hernández Haddad.- Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cinco.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [6 febrero 1975_2° Decreto]

    Declaratoria por la que se adiciona la fracción XXXI del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 1975. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se adiciona la fracción XXXI del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. Los conflictos de naturaleza jurídica, individual o colectivos, los de naturaleza económica, los de procedimiento especial y los de huelga, que se susciten en las ramas incluidas en esta reforma y que se encuentren pendientes de solución, o se presenten ante los tribunales de jurisdicción local hasta el día de la publicación de este decreto, serán resueltos hasta su total terminación por los mismos.

    Artículo Tercero. El día en que entre en vigor esta Ley, los conflictos en los diversos ramos a que se refiere esta reforma, serán resueltos por los tribunales federales del trabajo. En su oportunidad se promulgará y publicará la reforma correspondiente a la ley de la materia.

    Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 4 de febrero de 1975.- Sen. Enrique Olivares Santana, Presidente.- Dip. Humberto Hernández Hadad, Secretario.- Sen. Juan Sabines Gutiérrez, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cinco.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica. (DR)IJ

    [17 febrero 1975]

    Decreto por el que se reforma la fracción XIV del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 febrero 1975.

    Artículo Único. Se reforma la fracción XIV del Artículo 107 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. Esta reforma entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. En los juicios de amparo pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia, en los que esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, turnados al ministro relator antes de que entre en vigor esta reforma, para decretar la caducidad de la instancia se requiere que transcurra un término de cien días, incluyendo los inhábiles, sin que el recurrente haya hecho promoción o se haya registrado acto procesal alguno en los autos. Dicho término se contará a partir del día siguiente en que entre en vigor esta reforma.

    Artículo Tercero. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar las medidas necesarias para la efectividad e inmediato cumplimiento de la presente reforma.

    Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, D. F., a 11 de febrero de 1975.-Sen. Enrique Olivares Santana, Presidente.- Sen. Juan Sabines Gutiérrez, Secretario.- Dip. Humberto Hernández Haddad, Secretario.-Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de febrero de mil novecientos setenta y cinco.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.

    [17 marzo 1975]

    Fe de erratas de la Declaratoria por la que se adiciona la fracción XXXI del Artículo 123, apartado A, del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 6 de febrero de 1975. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 marzo 1975.

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [6 febrero 1976_1er. Decreto]

    Declaratoria por la que se adiciona el párrafo sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 y se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 febrero 1976. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se adiciona el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después del párrafo séptimo, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor ciento veinte días después de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 22 de enero de 1976.- Dip. Carlos Sansores Pérez, Presidente.- Sen. Pascual Belitzia Castañeda, Secretario.- Dip. Luis Fernando Solís P., Secretario.- Rúbricas"

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de enero de mil novecientos setenta y seis.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Luis M. Bravo Carrera.- Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo López.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz.- Rúbrica.

    [6 febrero 1976_2º Decreto]

    Declaratoria por la que se adiciona la fracción XXXI del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 febrero 1976. (Segundo decreto)

    Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la fracción XXIX-C para quedar como sigue:

    Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las fracciones IV y V para quedar como sigue:

    … Transitorios

    Primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. El Congreso Federal y las Legislaturas Locales, deberán expedir en el plazo de un año, las leyes reglamentarias previstas en las anteriores reformas y adiciones.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 29 de enero de 1976.- Dip. Carlos Sansores Pérez, Presidente.- Dip. Manuel Ramos Gurrión, Secretario.- Sen. Pascual Bollizla Castañeda, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de enero de mil novecientos setenta y seis.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El Secretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García.- Rúbrica.- El Secretario de la Presidencia, Ignacio Ovalle Fernández.- Rúbrica.

    [4 febrero 1977]

    Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 febrero 1977.

    Artículo Único. Se adiciona un quinto párrafo al Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 29 de diciembre de 1976.- Hilda Anderson de Rojas, S. P.- Enrique Ramírez y Ramírez, D. P.- Mario Carballo Pazos, S. S.- J. Refugio Mar de la Rosa, D. S.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de enero de mil novecientos setenta y siete.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel García.- Rúbrica.

    [6 diciembre 1977]

    Decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 diciembre 1977.

    Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 6o., 41, 51, 52 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    … Artículo Segundo. Se modifica el artículo 6o., en la forma que a continuación se indica:

    Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 41, para quedar en los términos siguientes:

    Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 51, 52, 53 y 54, para quedar como sigue:

    Artículo Quinto. Se adiciona con un segundo párrafo la fracción III del artículo 55, en los siguientes términos

    Artículo Sexto. Se reforma el artículo 60 para quedar como sigue:

    Artículo Séptimo. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 61 en los siguientes términos:

    Artículo Octavo. Se reforma el artículo 65, para quedar como sigue:

    Artículo Noveno. Se adicionan tres párrafos al artículo 70 en los siguientes términos:

    Artículo Décimo. El artículo 73 se adiciona con una base segunda en su fracción VI se derogan las fracciones XXIII y XXVIII, para quedar como sigue:

    Artículo Decimoprimero. Se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 74 para quedar en la forma siguiente:

    Artículo Decimosegundo. Se reforma la fracción I del artículo 76, para quedar como sigue:

    Artículo Decimotercero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 93 en los siguientes:

    Artículo Decimocuarto. Se reforma el tercer párrafo del artículo, 97 y se subdivide en dos párrafos y se corre el orden de los subsecuentes párrafos, para quedar como sigue:

    Artículo Decimoquinto. El artículo 115 se adiciona en la fracción III, con un último párrafo, en los siguientes términos:

    Transitorios

    Artículo Primero. Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Estados de la Federación iniciarán las reformas constitucionales necesarias para adoptar lo establecido en el artículo 115, fracción III último párrafo, de la Constitución General de la República.

    Artículo Segundo. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y siete.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.

    [9 enero 1978_1er. Decreto]

    Decreto por el que se adiciona la fracción XII y se reforma la fracción XIII, ambas del Apartado -A- del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 enero 1978. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se adiciona la fracción XII y se reforma la fracción XIII, ambas del Apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y siete.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica. (DR)IJ

    [9 enero 1978_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforma a la fracción XXXI, el Apartado -A- del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 enero 1978. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma la fracción XXXI, del apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. Los conflictos laborales que se hayan suscitado dentro de las ramas o en relación con las materias que se incorporen a la esfera exclusiva de la Federación y que se encuentren en trámite, continuarán siendo atendidos por las autoridades locales del trabajo, hasta la total terminación de los mismos.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y siete.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.

    [13 enero 1978]

    Fe de erratas del decreto por el que se reforma la fracción XXXI, del apartado -A- del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 9 de enero de 1978. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 enero 1978.

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [19 diciembre 1978]

    Decreto por el que se adiciona un párrafo inicial al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 diciembre 1978.

    Artículo Único. Se adiciona un párrafo inicial al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.

    [6 agosto 1979]

    Decreto por el que se modifican las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 agosto 1979.

    Artículo Único. Se modifican las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactadas en los siguientes términos:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará cuándo la Sala Auxiliar deberá suspender y reanudar sus funciones, y cuándo dejará de funcionar definitivamente.

    Artículo Tercero. Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar las medidas necesarias a fin de lograr la efectividad de las presentes reformas.

    […]

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de julio de mil novecientos setenta y nueve.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.

    [18 marzo 1980]

    Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 marzo 1980.

    Artículo Único. Se modifican las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactadas en los siguientes términos:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F. a 14 de marzo de 1980.- Dip. Luis M. Farías, Presidente.- Sen. Nicolás Reynes Berezaluce, Secretario.- Dip. Carlos Hidalgo Cortés, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos ochenta.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.

    [9 junio 1980]

    Decreto por el que se adiciona con una fracción VIII el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el número de la última fracción del mismo artículo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 junio 1980.

    Artículo Único. Se adiciona con una fracción VIII el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el número de la última fracción del mismo artículo, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 6 de junio de 1980.- Dep. Luis M. Farías, Presidente.- Dip. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretaria.- Sen. Rodolfo Alavez Flores, Secretario.- Rúbricas"

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de junio de mil novecientos ochenta.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Fernando Solana.- Rúbrica.

    [29 diciembre 1980]

    Decreto por el que se reforma el Artículo 78 de, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 diciembre 1980.

    Artículo Único. Se reforma el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 29 de diciembre de 1980.- Graciliano Alpuche Pinzón, S. P. José Murat, D. P.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S. S.- David Jiménez González, D. S.- Rúbricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica. (DR)IJ

    [21 abril 1981_1er. Decreto]

    Decreto por el que se reforman los Artículos, Núm. 37, 29, 90 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 abril 1981. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforman los Artículos 29, 90 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

    Transitorio

    Único. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de abril de 1981.- Sen. Ignacio Castillo Mena, Presidente.- Sen. Rafael Minor Franco, Secretario.- Sen. Gustavo Guerra Castaños, Secretario.- Rúbricas”.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.

    [21 abril 1981_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforma la Fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 abril 1981. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. Una vez que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, hagan la declaración de haber sido aprobada esta Reforma, pasará al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación, y entrará en vigor a los quince días siguientes de efectuada la citada declaración.

    México, D. F., a 14 de abril de 1981.- Sen. Ignacio Castillo Mena, Presidente.- Sen. Rafael Minor Franco, Secretario.- Sen. Gustavo Guerra Castaños, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.

    [22 abril 1981]

    Decreto por el que se reforma el Primer Párrafo del Artículo 60 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 abril 1981.

    Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    Transitorio

    Artículo Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México D. F., a 14 de abril de 1981.- Sen. Ignacio Castillo Mena, Presidente.- Sen. Rafael Minor Franco, Secretario.- Sen. Gustavo Guerra Castaños, Secretario. - Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.

    [17 noviembre 1982_1er. Decreto]

    Decreto que modifica el artículo 73 en sus fracciones X y XVIII, y adición a los artículos 28 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 noviembre 1982. (Primer decreto)

    Artículo Primero. Se adiciona un párrafo quinto al Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

    Artículo Segundo. Se modifica la fracción X del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

    Artículo Tercero. Se modifica la fracción XVIII del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

    Artículo Cuarto. Se adiciona el Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la fracción XIII bis, como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. En tanto se establecen por la Ley reglamentaria del párrafo quinto del Artículo 28 Constitucional las modalidades a que se sujetarán, mantienen su actual situación jurídica, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.A., el Banco Obrero, S.A., la sucursales en México de bancos extranjeros que cuentan con concesión del Gobierno Federal y las Organizaciones Auxiliares de Crédito.

    México, D. F., a 16 de noviembre de 1982.- Américo Villarreal Guerra, S. P.- Mario Vargas Saldaña, D. P.- Armando Trasviña Taylor, S. S.- Hilda Anderson Nevárez de Rojas, D. S.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito federal, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.- “Año del General Vicente Guerrero.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Flores.- Rúbrica.- El Secretario de Trabajo y Previsión social, Sergio García Ramírez.- Rúbrica.

    [17 noviembre 1982_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 noviembre 1982. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 16 de noviembre de 1982.- Américo Villarreal Guerra, S. P.- Mario Vargas Saldaña, D. P.- Armando Trasviña Taylor, S. S.- Hilda Anderson Nevárez de Rojas, D. S.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Flores.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto, Ramón Aguirre Velázquez.- Rúbrica.

    [28 diciembre 1982]

    Decreto de reformas y adiciones al Título Cuarto que comprende los artículos del 108 al 114;a si como los artículos 22, 73 fracción VII, 94, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 diciembre 1982.

    Artículo Primero. Se reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 22, 73 fracción VI, base cuarta, 74 fracción V, 76 fracción VII, 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Tercero. Se modifica el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Cuarto. Se reforma el Artículo 134 Constitucional para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. Se derogan las fracciones VII del Artículo 74, IX del Artículo 76 y XIX del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Artículo Tercero. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, los Estados de la Federación a través de sus congresos constituyentes locales, iniciarán las reformas constitucionales necesarias para cumplir las disposiciones del Título Cuarto de la Constitución General de la República, en lo conducente.

    México, D. F., 27 de diciembre de 1982.- Dip. Mariano Piña Olaya, Presidente.- Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente.- Dip. Hilda Andersen Nevarez de R., Secretaria.- Armando Trasviña Taylor, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.- “Año del General Vicente Guerrero.- Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Miguel Angel Gómez Ortega.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio, Héctor Hernández Cervantes.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Horacio García Aguilar.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Marcelo Javelly Girard.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.- El Secretario de Salubridad y Asistencia, Guillermo Soberón Acevedo.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.- El Secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña.- Rúbrica.- El Secretario de Turismo, Antonio Enríquez Savignac.- Rúbrica.- El Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.- Rúbrica.

    [3 febrero 1983_1er. Decreto]

    Decreto por el que se adiciona con un párrafo penúltimo el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 febrero 1983. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se adiciona el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un párrafo penúltimo, que a la letra dice:

    Transitorio

    Artículo Único. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 2 de febrero de 1983.- Sen. Miguel González Avelar, Presidente.- Rúbrica.- Sen. Silvia Hernández de Galindo. Secretario.- Rúbrica.- Dip. Eulalio Ramos Valladolid, Secretario.- Rúbrica.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Salubridad y Asistencia, Guillermo Soberón Acevedo.- Rúbrica. (DR)IJ

    [3 febrero 1983_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforma el Artículo 2l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 febrero 1983. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 2 de febrero de 1983.- Sen. Miguel González Avelar, Presidente.- Sen. Silvia Hernández de Galindo, Secretario.- Dip. Eulalio Ramos Valladolid, Secretario.- Rúbricas. " En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.- Rúbrica.

    [3 febrero 1983_3er. Decreto]

    Decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 25, 26, 27, fracciones XIX y XX; 28, 73, fracciones XXIX-D; XXIX-E; y XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 febrero 1983. (Tercer decreto)

    Artículo Primero. Se adicionan dos párrafos al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:

    Artículo Segundo. Se modifica el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Tercero. Se modifica el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Cuarto. Se adiciona el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las fracciones XIX y XX, como sigue:

    Artículo Quinto. Se modifica el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Sexto. Se adiciona el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las fracciones XXIX.- D; XXIX.- E y XXIX.- F, como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. Las presentes reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Union.- México, D. F., a 2 de febrero de 1983.- Sen. Miguel González Avelar, Presidente.- Sen. Silvia Hernández de Galindo, Secretario.- Dip. Eulalio Ramos Valladolid, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Flores.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.

    [3 febrero 1983_4to. Decreto]

    Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. (Cuarto decreto)

    Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el plazo de un año computado a partir de la vigencia de este Decreto, procederán a reformar y adicionar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer al debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo. Las contribuciones locales y las participaciones a que se refieren los incisos a) al c) de la fracción IV, se percibirán por los Municipios a partir del 1º de enero de 1984.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 2 de febrero de 1983.- Sen. Miguel González Avelar.- Presidente.- Sen. Silvia Hernández de Galindo.- Secretario.- Dip. Eulalio Ramos Valladolid.- Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

    [7 febrero 1983]

    Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 febrero 1983.

    Artículo Único. Se reforma el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorio

    Único. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 19 de enero de 1983. Sen. Miguel González Avelar, Presidente.- Sen. Silvia Hernández de Galindo.- Secretaria.- Dip. Eulalio Ramos Valladolid, Secretario.- Rúbricas”.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de enero de mil novecientos ochenta y tres.- Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Marcelo Javelly Girard.- Rúbrica.

    [14 enero 1985]

    Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 enero 1985.

    Artículo Único. Se reforma la fracción I del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 14 de diciembre de 1984.- Enrique Soto Izquierdo, D. P.- Celso Humberto Delgado Ramírez, S. P.- Arturo Contreras Cuevas, D. S.- Rafael Armando Herrera Morales, S. S.- Rúbricas.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [8 febrero 1985]

    Decreto por el que se adiciona el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 febrero 1985.

    Artículo Único. Se adiciona el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Fracción VIII, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.. a 25 de enero de 1985.- Sen. Antonio Riva Palacio L., Presidente.- Sen. Guadalupe Gómez Maganda, Secretaria.- Dip. Guillermo Pacheco Pulido, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de enero de mil novecientos ochenta y cinco.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [7 abril 1986_1er. Decreto]

    Decreto por el que se reforman los Artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 abril 1986. (Primer decreto)

    Artículo Primero. Se reforman los Artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se adicionan los Artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo Transitorios de la Constitución para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo 1. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y las Reformas a los Artículos 65, 66 y 69 surtirán sus efectos a partir del 1º de septiembre de 1989.

    Artículo 2. Los Artículos Transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Constitución surtirán sus efectos a partir del 1º de septiembre de 1988.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 19 de marzo de 1986.- Dip. Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente.- Dip. Juan Moisés Calleja García, Secretario.- Sen. Rafael Cervantes Acuña, Secretario.- Rúbricas"

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y seis.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica. (DR)IJ

    [7 abril 1986_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforman los Artículos 106 y 107, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 abril 1986. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforman los Artículos 106 y 107 Fracción II de la Constitución Política de, los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 19 de marzo de 1986.- Dip. Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente.- Sen. Rafael Cervantes Acuña, Secretario.- Dip. Juan Moisés Calleja García, Secretario.- Rúbricas"

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y seis.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [15 diciembre 1986]

    Decreto por el que se reforman los Artículos 52, 53, Segundo Párrafo 54, Primer Párrafo y Fracciones II, III y IV; 56, 60, 77 Fracción IV y Décimo Octavo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 diciembre 1986.

    Artículo Primero. Se reforman los Artículos 52, 53 Segundo Párrafo, 54 Primer Párrafo y Fracciones II, III y IV; 56, 60 y 77 Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se reforma el Artículo DECIMOCTAVO transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante Decreto por el que se reforman los Artículos 65, 66 y 69 de la propia Constitución, de 20 de marzo de 1986 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de abril del mismo año, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 11 de diciembre de 1986.- Sen. Gonzalo Martínez Corbalá, Presidente.- Dip. Reyes R. Flores Zaragoza, Presidente.- Sen. Fernando Mendoza Contreras, Secretario.- Dip. Alma Salas Montiel, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [23 diciembre 1986]

    Decreto por el que se reforma la fracción VI del inciso A) del Artículo 123 de la Constitución General de la República, para quedar como se indica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 diciembre 1986.

    Artículo Único. Se reforma la fracción VI del inciso A) del Artículo 123 de la Constitución General de la República para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1987.

    México, D. F., a 22 de diciembre de 1986.- Sen. Gonzalo Martínez Corbalá, Presidente.- Dip. Reyes Rodolfo Flores Z., Presidente.- Sen. Héctor Vázquez Paredes, Secretario.- Dip. Eliseo Rodríguez Ramírez, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [17 marzo 1987_1er. Decreto]

    Decreto por el que se reforman los Artículo 17, 46, 115, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos que se indican. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 marzo 1987. (Primer decreto)

    Artículo Primero. Se reforman los Artículos 17, 46, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo Segundo. Se derogan las Fracciones IX y X del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. Las legislaturas de los estados, en el plazo de un año, computado a partir de la vigencia de este Decreto, procederán a reformar y adicionar las constituciones y leyes locales, para proveer el debido cumplimiento de las disposiciones de este Decreto.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.-México, D.F., a 25 de febrero de 1987.-Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente.- Sen. Jaime Báez Rodríguez, Secretario.- Dip. Mario Murillo Morales, Secretario.-Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia, del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [17 marzo 1987_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforma el párrafo sexto de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución General de la República, para quedar en los términos que se indican. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 marzo 1987. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se reforma el párrafo sexto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 1o. de septiembre de 1989.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.-México, D.F., a 25 de febrero de 1987.-Sen. Antonio Riva Palacio L., Presidente.- Sen. Jaime Báez Rodríguez, Secretario.- Dip. Mario Murillo Morales, Secretario.-Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [10 agosto 1987_1er. Decreto]

    Decreto por el que ese adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 agosto 1987. (Primer decreto)

    Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción 1-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

    Artículo Segundo. Se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo Tercero. Se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de enero de 1988, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México D. F. a 29 de junio de 1987- Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente.- Dip. Mario Murillo Morales, Secretario.-Sen. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [10 agosto 1987_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforman los artículos 73 fracción VI, 79 fracción V, 89 fracciones II y XVII, 110 primer párrafo, 111 primer párrafo y 127; y se deroga la fracción Vi del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 agosto 1987. (Segundo decreto)

    Artículo Primero. Se reforman los artículos 73 fracción VI, 79 Fracción V, 89 fracciones II y XVII, 110 primer párrafo, 111 primer párrafo y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo Segundo. Se deroga la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. Los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos simultáneamente a los Diputados federales que integrarán la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, en la forma y términos que señale la ley respectiva.

    Tercero. La Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas relativas al Distrito Federal, en las materias a que se refiere el inciso A) de la base 3a. de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución, continuarán vigentes hasta en tanto la Asamblea de Representantes del Distrito Federal dicte los bandos, ordenanzas y reglamentos correspondientes, en los términos del presente Decreto.

    Cuarto. En tanto se instala la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los nombramientos de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal continuarán siendo sometidos por el Presidente de la República, a la aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, en su caso.

    Quinto. Las elecciones de los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se regirán en lo conducente, y hasta en tanto se expida el ordenamiento correspondiente, por las normas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal Electoral contienen en materia de elección de los Diputados Federales al Congreso de la Unión.

    Sexto. Los debates de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se regirán hasta en tanto se expida el ordenamiento a que se refiere el inciso I) de la base 3a. del artículo 73 Constitucional, por lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    Séptimo. El Colegio Electoral de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que calificará la elección de 1988, habrá de reunirse para este fin, durante la primera quincena del mes de octubre, del propio año de la elección.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 29 de julio de 1987- Sen. Antonio Riva Palacio López.- Presidente.- Dip. Mario Murillo Morales, Secretario.- Sen. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretaría.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.-Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica. (DR)IJ

    [10 agosto 1987_3er. Decreto]

    Decreto por el que se reforma el artículo 78; y se adiciona el artículo Décimo Noveno Transitorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 agosto 1987. (Tercer decreto)

    Artículo Primero. Se reforma el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se adiciona un Artículo Décimo Noveno Transitorio a la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 29 de julio de 1987- Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente.- Dipt. Mario Murillo Morales, Secretario.- Sen. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretaría.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [10 agosto 1987_4to. Decreto]

    Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27; y se adiciona una fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 agosto 1987. (Cuarto decreto)

    Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una fracción XXXIX-G, para quedar como sigue: … Transitorio

    Artículo Único. La presente reforma y adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones e la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 29 de julio de 1987- Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente.- Sen. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretaría.- Dip. Mario Murillo Morales, Secretario.- Rúbrica".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D..- Rúbrica

    [11 mayo 1988]

    Decreto por el que se reforma la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 mayo 1988.

    Artículo Único. Se reforma la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para acordar como sigue:

    Transitorio

    Único. Este Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, D.F., 9 de mayo de 1988.- Dip. Nicolás Reynés Berezaluce, Presidente.- Dip. Yrene Ramos Dávila, Secretaría.- Sen. Alfonso Zegbe Sanén, Secretario.- Rúbricas.”

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

    [6 abril 1990]

    Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3a. y se derogan los artículos transitorios 17, 18 y 19, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 abril 1990.

    Artículo Primero. Se reforman y adicionan los Artículos 5, 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Artículo Segundo. Se derogan los artículos transitorios Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Transitorios

    Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales.

    Tercero. Los diputados electos a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión durarán en sus funciones hasta el 31 de octubre de 1991.

    Cuarto. Los senadores electos por tres años a la LIV Legislatura durarán en su cargo hasta el 31 de octubre de 1991. Los senadores electos por seis años a las LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión durarán en funciones hasta el 31 de octubre de 1994.

    Quinto. La Comisión Permanente se integra con 37 miembros en los términos del Artículo 78 de esta Constitución a partir del primer receso de la LIV Legislatura al H. Congreso de la Unión.

    Sexto. En tanto se expida por el Congreso de la Unión la nueva ley reglamentaria en materia electoral, seguirá en vigor el Código Federal Electoral.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 4 de abril de 1990.- Dip. Guillermo Jiménez Morales, Presidente.- Dip. Mauricio Valdés Rodríguez, Secretario.- Sen. Fernando Silva Nieto, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de abril de mil novecientos noventa.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

    [27 junio 1990]

    Decreto que deroga el párrafo quinto del Artículo 28, modifica y adiciona el inciso a) de la fracción XXXI del apartado A del Artículo 123 y reforma la fracción XIII bis del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 junio 1990.

    Artículo Primero. Se deroga el párrafo quinto del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Artículo Segundo. Se modifica y adiciona el inciso a) de la Fracción XXXI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. En tanto se expiden las nuevas normas aplicables, las instituciones de banca y crédito y las sucursales en México de bancos extranjeros que cuenten con concesión del Gobierno Federal continuarán rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

    México, D. F., a 26 de junio de 1990.- Sen. Enrique Burgos García, Presidente.- Dip. Humberto Roque Villanueva, Presidente.- Sen. Oscar Ramírez Mijares, Secretario.- Dip. Hilda Anderson Nevarez de Rojas, Secretario.- Rúbricas.”

    En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos noventa. Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

    [6 enero 1992]

    Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 enero 1992.

    Artículo Único. Se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV; VI, primer párrafo; VII; XV y XVII; se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción XIX; y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo Decreto.

    Artículo Tercero. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto.

    Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.

    Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 3 de Enero de 1992.- Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Sen. Gustavo Salinas Iñiguez, Secretario.- Dip. Luis Felipe Bravo Mena, Secretario.- Rúbrica.

    En cumplimiento de los dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica

    [28 enero 1992_1er. Decreto]

    Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 5o., 24, 27, 130 y se adiciona el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 enero 1992. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se deroga la fracción IV, se reforma la fracción I para pasar a ser fracciones I y II, recorren en su orden las actuales fracciones II y III para pasar a ser III y IV, respectivamente, y se reforma además esta última, del artículo 3o; se reforman asimismo, el párrafo quinto del artículo 5o.; el artículo 24; las fracciones II y III del artículo 27 y el artículo 130, todo, excepto el párrafo cuarto, y se adiciona el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 22 de enero de 1992. Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Manuel Jiménez Guzmán, Secretario.- Sen. Germán Sierra Sánchez, Secretario.- Rúbrica"

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica. (DR)IJ

    [28 enero 1992_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforma el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 enero 1992. (Segundo decreto)

    Artículo Único. Se adiciona un primer párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los actuales párrafos primero a quinto, para pasar a ser segundo a sexto respectivamente, en los siguientes términos:

    Transitorio

    Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 22 de enero de 1992.- Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Manuel Guzmán, Secretario.- Sen. Germán Sierra Sánchez, Secretario.- Rúbrica"

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

    [28 enero 1992_3er. Decreto]

    Decreto por el que se reforma el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 enero 1992. (Tercer decreto)

    Artículo Único. El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pasa a ser el apartado A del propio artículo y se adiciona a éste un apartado B para quedar como sigue:

    Transitorios

    Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo 2. En tanto se establecen los organismos de protección de los derechos humanos en los Estados en los términos del presente Decreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las quejas que deban ser de competencia local.

    Los Estados que ya cuenten con dichos organismos, recibirán las quejas aún no resueltas que hayan sido presentadas ante la Comisión Nacional en un término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

    Las Legislaturas de los Estados dispondrán de un año a partir de la publicación de este Decreto para establecer los organismos de protección de los Derechos Humanos.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- N.- México, D. F., a 22 de enero de 1992.- Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Manuel Jiménez Guzmán, Secretario.- Sen. Germán Sierra Sánchez, Secretario.- Rúbrica".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

    [5 marzo 1993]

    Decreto que declara reformados los artículos 3o. y 31 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 marzo 1993.

    Artículo Primero. Se reforma el artículo 3 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

    Artículo Segundo. Se reforma el artículo 31, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

    Transitorio

    Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- N.- México, D. F., a 3 de marzo de 1993.- Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Sen.- María Elena Chapa Hernández, Secretaria.- Dip. Juan Luis Calderón Hinojosa, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido.- Rúbrica.

    [9 marzo 1993]

    Fe de erratas al Decreto que declara reformados los artículos 3o. y 31 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 5 de marzo de 1993. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 9 marzo 1993.

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [20 agosto 1993_1er. Decreto]

    Decreto por el que se adiciona la fracción III del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 agosto 1993. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se adiciona la fracción III del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de agosto de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Idolina Moguel Contreras, Secretaria.- Dip. Ma. Luisa Urrecha Beltrán, Secretaria.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

    [20 agosto 1993_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 agosto 1993. (Segundo decreto)

    Artículo Primero. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recorren en su orden los actuales párrafos sexto a décimo para pasar a ser octavo a décimo segundo y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del propio artículo, para quedar como sigue:

    Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Tercero. Se reforma la fracción XIII bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. En tanto se expide la ley del banco central, reglamentaria del artículo 28 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley Orgánica del Banco de México.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. CONGRESO de la Unión.- México, D.F., a 18 de agosto de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Idolina Moguel Contreras, Secretaria.- Dip. María Luisa Urrecha Beltrán, Secretaria.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

    [23 agosto 1993]

    Fe de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de agosto de 1993. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 agosto 1993.

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias) (DR)IJ

    [3 septiembre 1993_1er. Decreto]

    Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 septiembre 1993. (Primer decreto)

    Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. El periodo ordinario correspondiente a noviembre y diciembre del año de 1993 y los periodos ordinarios correspondientes al año de 1994, se celebrarán de acuerdo con las fechas que han venido rigiendo en los términos del decreto de reformas publicado el 7 de abril de 1986.

    Tercero. A partir del 15 de marzo de 1995 los periodos de sesiones ordinarias se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas por el presente Decreto.

    Cuarto. Los diputados que se elijan a la LVI legislatura del Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 31 de agosto de 1997.

    Quinto. Los senadores que se elijan a las LVI y LVII legislaturas del Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 31 de agosto del año 2000.

    Los senadores que se elijan en 1997 durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de dicho año, al 31 de agosto del año 2000.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

    [3 septiembre 1993_2° Decreto]

    Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 septiembre 1993. (Segundo decreto)

    Artículo Primero. Se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la adición de un párrafo sexto; los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno se recorren en su orden para quedar como párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo; se modifica y se recorre en su orden el actual párrafo décimo para quedar como párrafo décimo primero; se deroga el actual párrafo décimo primero y se adicionan los párrafos décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo; se recorre el actual párrafo décimo segundo para quedar como párrafo décimo octavo; y se adicionan los párrafos décimo noveno y vigésimo en los siguientes términos:

    Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 54, 56, 60, 63, 74 fracción I, y 100 para quedar en los siguientes términos:

    Transitorios

    Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Artículo Segundo. Permanecerán en sus cargos los actuales Magistrados del Tribunal Federal Electoral electos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1990.

    Artículo Tercero. En la elección federal de 1994 se elegirán, para cada Estado y el Distrito Federal, dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría a las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión, quienes durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha del término del ejercicio de la última legislatura citada. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos en cada entidad federativa.

    En la elección federal de 1997, se elegirá a la Legislatura LVII un senador por cada Estado y el Distrito Federal, según el principio de mayoría relativa, quien durará en funciones del 1º de noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la señalada Legislatura. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con una fórmula de candidatos en cada entidad federativa.

    Artículo Cuarto. Los diputados federales a la LVI Legislatura durarán en su encargo del 1º de noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la citada legislatura.

    Artículo Quinto. La elección federal para integrar la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se realizará con base en la distribución de los distritos uninominales y en las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso electoral federal de 1991. Para la elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII Legislatura, se hará la nueva distribución de distritos uninominales con base en los resultados definitivos del censo general de población de 1990.

    Artículo Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

    [3 septiembre 1993_3er. Decreto]

    Decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 septiembre 1993. (Tercer decreto)

    Artículo Único. Se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio.

    Segundo. Lo previsto en el párrafo primero de la fracción I, del artículo 20 Constitucional del presente Decreto, entrará en vigor al año contado a partir de la presente publicación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

    [6 septiembre 1993_1ra. Fe de errata]

    Fe de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 septiembre 1993. (Primer Fe de erratas)

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [6 septiembre 1993_2da. Fe de errata]

    Fe de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 septiembre 1993. (Segunda Fe de erratas)

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [6 septiembre 1993_3ra. Fe de errata]

    Fe de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 septiembre 1993. (Tercera Fe de erratas)

    (Nota de Editor: La fe de erratas no contiene disposiciones transitorias)

    [25 octubre 1993]

    Decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 octubre 1993.

    Artículo Único. Se reforman los artículos 31, fracción IV; 44; 73, fracciones VI, VIII y XXIX-H; 74, fracción IV, en sus párrafos primero, segundo y séptimo; 79, fracción II; 89, fracción II; 104 fracción 1-B; 105; y 107, fracción VIII, inciso a); la denominación del Título Quinto y el artículo 122. Se adicionan los artículos 76 con una fracción IX y 119 con un primer párrafo, pasando los actuales primero y segundo a ser segundo y tercero, respectivamente, y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios.

    Segundo. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal electa para el periodo noviembre de 1991 a noviembre de 1994, continuará teniendo las facultades establecidas en la fracción VI del artículo 73 de esta Constitución vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto.

    Tercero. La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tendrá las facultades que le otorga el presente Decreto, y será la que se integre para el periodo que comenzará el 15 de noviembre de 1994 y concluirá el 16 de septiembre de 1997.

    Cuarto. A partir del 15 de marzo de 1995, los periodos de sesiones ordinarias de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas por el presente decreto.

    Quinto. El primer nombramiento para el cargo de Jefe del Distrito Federal, en los términos de este Decreto se verificará en el mes de diciembre de 1997 y el periodo constitucional respectivo concluirá el 2 de diciembre del año 2000. En tanto dicho Jefe asume su encargo, el gobierno del Distrito Federal seguirá a cargo del Presidente de la República de acuerdo con la base 1ª de la fracción VI del artículo 73 de esta Constitución vigente al momento de entrar en vigor el presente Decreto. El Ejecutivo Federal mantendrá la facultad de nombrar y remover libremente al titular del órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal y continuará ejerciendo para el Distrito Federal, en lo conducente, las facultades establecidas en la fracción I del artículo 89 de esta Constitución.

    Sexto. Los consejos de ciudadanos por demarcación territorial se elegirán e instalarán en 1995, conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas.

    Séptimo. Los servidores públicos que se readscriban a la administración pública del Distrito Federal y sus dependencias conservarán todos sus derechos laborales.

    Octavo. Las iniciativas de leyes de ingresos, y de decretos de presupuesto de egresos del Distrito Federal para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, así como las cuentas públicas de 1995 y 1996 serán enviados a la Asamblea de Representantes por el Presidente de la República. La cuenta pública correspondiente a 1994 será revisada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

    Noveno. En tanto se reforman y expidan las disposiciones que coordinen el sistema fiscal entre la Federación y el Distrito Federal, continuarán aplicándose las normas que sobre la materia rijan al entrar en vigor el presente Decreto.

    Décimo. En tanto se expidan las nuevas normas aplicables al Distrito Federal continuarán rigiendo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

    Décimo Primero. El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente Decreto.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 20 de octubre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Ma. Luisa Urrecha Beltrán, Secretaria.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. (DR)IJ

    [19 abril 1994]

    Decreto por el que se reforman los párrafos octavo, noveno, decimoséptimo y decimoctavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 abril 1994.

    Artículo Único. Se reforman los párrafos octavo, noveno, decimoséptimo y decimoctavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de abril de 1994.- Dip. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Secretario.- Sen. Gustavo Salinas Iñiguez, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica.

    [1 julio 1994]

    Decreto por el que se reforma la fracción I del Artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 julio 1994.

    Artículo Único. Se modifica el artículo 82, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 31 de diciembre de 1999.

    México, D.F., a 28 de junio de 1994.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Presidente.- Dip. Javier Colorado Pulido, Presidente.- Sen. Oscar Ramírez Mijares, Secretario.- Dip. José Raúl Hernández Avila, Secretario.- Rúbricas".

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica.

    [31 diciembre 1994]

    Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 diciembre 1994.

    Artículo Único. Se adicionan tres párrafos al artículo 21; se reforma la fracción V del artículo 55; se restablece la fracción XXIII del artículo 73; se reforman las fracciones II y VIII del artículo 76; se reforman las fracciones II y V del artículo 79; se reforman las fracciones II, IX, XVI y XVIII del artículo 89; se reforma el párrafo segundo del artículo 93; se reforman los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, octavo, noveno y se adiciona un décimo, del artículo 94; se reforman las fracciones II, III y V, se adiciona una VI y un último párrafo, del artículo 95; se reforma el artículo 96; se reforma el artículo 97; se reforma el artículo 98; se reforma el artículo 99; se reforma el artículo 100; se reforma el artículo 101; se reforman los párrafos primero, tercero, quinto y se adiciona un último, del artículo 102 apartado A; se reforman las fracciones II y III del artículo 103; se reforma la fracción IV del artículo 104; se reforma el artículo 105; se reforma el artículo 106; se reforman las fracciones V último párrafo, VIII párrafos primero y penúltimo, XI, XII párrafos primero y segundo, XIII párrafo primero y XVI, del artículo 107; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se reforma la fracción III, párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto, hecho lo cual se recorre la numeración, del artículo 116; se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 122, y se reforma la fracción XII, párrafo segundo del Apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Transitorios

    Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículo Octavo y Noveno siguientes.

    Segundo. Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. Recibirán una pensión igual a la que para casos de retiro forzoso prevé el “Decreto que establece las Causas de Retiro Forzoso o Voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    A los Ministros citados en el párrafo anterior, no les serán aplicables los impedimentos a que se refieren el último párrafo del artículo 94 y el tercer párrafo del artículo 101, reformados por virtud del presente Decreto.

    De regresar al ejercicio de sus funciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 96 reformado por virtud del presente Decreto, se suspenderá el derecho concedido en el primer párrafo de este artículo, durante el tiempo en que continúen en funciones.

    Tercero. Para la nominación y aprobación de los primeros ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las reformas previstas en el presente Decreto, el titular del Ejecutivo Federal propondrá ante la Cámara de Senadores, a 18 personas, de entre las cuales dicha Cámara aprobará, en su caso, los nombramientos de 11 ministros, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

    Cuarto. Para los efectos del primer párrafo del artículo 97 de este Decreto de Reformas, la ley que reglamente la selección, ingreso, promoción o remoción de los miembros del Poder Judicial Federal distinguirá los casos y procedimientos que deban resolverse conforme a las fracciones I, II y III del artículo 109 de la Constitución.

    La Cámara de Senadores, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales.

    El periodo de los Ministros, vencerá el último día de noviembre del año 2003, de 2006, de 2009 y de 2012, para cada dos de ellos y el último día de noviembre de 2015, para los tres restantes. Al aprobar los nombramientos, el Senado deberá señalar cuál de los períodos corresponderá a cada Ministro.

    Una Vez aprobado el nombramiento de, por lo menos siete Ministros, se realizará una sesión solemne de apertura e instalación, en la cual se designará al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Quinto. Los magistrados de Circuito y el Juez de distrito electos la primera vez para integrar el Consejo de la Judicatura Federal, serán Consejeros por un período que vencerá el último día de noviembre del año 2001. El período de uno de los Consejeros designados por el Senado y el designado por el Ejecutivo, vencerá el último día de noviembre de 1999 y el correspondiente al Consejero restante al último día de noviembre del año 1997. El Senado y el Ejecutivo Federal deberán designar a sus representantes dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto e indicarán cuál de los períodos corresponde a cada Consejero.

    El Consejero quedará instalado una vez designados cinco de sus miembros, siempre y cuando uno de ellos sea su Presidente.

    Sexto. En tanto quedan instalados la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los transitorios Tercero y Quinto anteriores, la última Comisión de Gobierno y Administración de la propia Corte, ejercerá las funciones de ésta y atenderá los asuntos administrativos del Poder Judicial de la Federación. En esa virtud, lo señalado en el artículo segundo transitorio será aplicable, en su caso, a los miembros de la citada Comisión, una vez que haya quedado formalmente instalada la Suprema Corte de Justicia, en términos de lo dispuesto en el presente Decreto.

    Corresponde a la propia Comisión convocar a la sesión solemne de apertura e instalación a que se refiere el artículo Tercero transitorio, así como tomar las medidas necesarias para que la primera insaculación de los Magistrados de Circuito y del Juez de Distrito que serán Consejeros, se haga en los días inmediatos siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

    La Comisión dejará de funcionar una vez que haya dado cuenta de los asuntos atendidos conforme a los párrafos anteriores, a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda, cuando estos últimos se encuentren instalados.

    Séptimo. El Magistrado, el Juez de Primera Instancia y el Juez de Paz electos la primera vez para integrar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, serán Consejeros por un período que vencerá el último día de noviembre del año 2001. El período de uno de los Consejeros designados por la Asamblea de Representante